¿Quién debe tutelar la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos?

¿Quién debe tutelar la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos?

 

La protección de datos personales en posesión de los partidos políticos sigue siendo de la competencia del Instituto Nacional Electoral y no del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así lo afirma el autor, al analizar el decreto por el que se reformó nuestra Constitución en materia de transparencia, así como los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, mediante el cual se modificó la naturaleza jurídica del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para otorgarle el carácter de organismo constitucional autónomo responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, en términos de lo previsto por el artículo 6, apartado A, fracciones I, II y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 6.

[…]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[…]

”I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes…

[…]

”II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[…]

”VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

[…]

”El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros…

[…]”

En este sentido, la información en posesión de los partidos políticos es pública, motivo por el cual se constituyen como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información, con su correlativa obligación de proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales que poseen.

Asimismo, se estableció que el INAI tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De igual manera, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establece que el organismo autónomo garante en materia de transparencia y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos es el INAI, de conformidad con los artículos 27 y 28 del ordenamiento citado.

No obstante lo anterior, no debe perderse de vista lo establecido en los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, que se transcriben a continuación:

“decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.

”Transitorios

[…]

segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

[…]

sexto. El organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el honorable Congreso de la Unión.

[…]

octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

[…]

”A partir de la transcripción, se puede advertir que el constituyente permanente encomendó al Congreso de la Unión la expedición de la normatividad reglamentaria del artículo 6o constitucional y la consecuente adecuación de los ordenamientos legales aplicables. De tal forma que hasta la entrada en vigor de dichas disposiciones, el INAI continuaría ejerciendo sus atribuciones y competencias conforme al marco jurídico vigente, tal como acontece en la actualidad”.

Por lo anterior, es posible afirmar que en la reforma constitucional se estableció que correspondería a los legisladores la configuración legal de la competencia, procedimientos y mecanismos a través de los cuales el INAI ejercería las facultades conferidas en materia de acceso a la información y protección de datos personales respecto de los nuevos sujetos obligados dentro de su ámbito de competencia, entre los cuales se encuentran los partidos políticos.

Por tanto, mientras esté el referido periodo de transición normativa en curso, el INAI sólo puede regular y ejercer sus facultades respecto de los sujetos obligados descritos en la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que en relación con cualquier otro sujeto obligado —no obstante que sea referido y mencionado en la Constitución federal— se necesita una norma que materialice la facultad reguladora del INAI.

Lo anterior se refuerza con el “Acuerdo del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mediante el cual se aprueba el padrón de sujetos obligados que conforman el Poder Ejecutivo federal, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” del 29 de agosto de 2014 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el cual el considerando 2 establece que en tanto el Congreso de la Unión expida las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el INAI ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio decreto y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Tan es así, que en sesión ordinaria del 2 de julio de 2014 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por unanimidad, el acuerdo INE/CG70/20141 por el que se expide el reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual su artículo primero señala que el Instituto Nacional Electoral establecerá los órganos y procedimientos para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección a los datos personales, en posesión de los partidos políticos.

Robustece lo anterior lo establecido en el artículo segundo transitorio del referido reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el artículo segundo transitorio del Reglamento de Sesiones del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral, aprobado por unanimidad el 2 de julio de 2014 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que establece que las presentes disposiciones serán vigentes hasta la entrada en vigor de la legislación secundaria derivada de la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, si bien es cierto que el artículo 6º, apartado A, fracción VIII, constitucional otorga competencia al INAI para conocer de los asuntos en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los partidos políticos, situación que es retomada por el párrafo 1 de artículo 28 de la Ley General de Partidos Políticos, no menos cierto es que dicho artículo interpretado de manera armónica y sistemática con los artículos sexto y octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, permite concluir que las facultades y atribuciones derivadas de tal ámbito de competencia podrán ser ejercidas por el INAI a partir de la expedición de la normatividad reglamentaria del artículo 6o constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver, el 8 de octubre de 2014, el recurso de apelación SUP-RAP-83/2014,2 en el cual se confirmó la validez del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece la integración de las comisiones permanentes y temporales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información”, con clave INE/CG46/2014.3

De igual manera se resolvió el diverso recurso de apelación SUP-RAP-101/2014,4 el 8 de octubre de 2014, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual se confirmó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, clave INE/CG70/2014,5 y el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el Reglamento de Sesiones del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral”, clave INE/CG71/2014,6 ambos, del 2 de julio de 2014, con base en los siguientes argumentos:

“Consideraciones de la Sala Superior:

A. En primer lugar, es importante destacar que el partido político actor formula la totalidad de sus puntos de agravio sin atender un aspecto medular en el estudio de la presente controversia, consistente en que, del texto de la propia reforma constitucional en materia de transparencia, se advierte la previsión expresa de un periodo transitorio destinado a que el Congreso de la Unión se ocupe de expedir la ley, las reformas legales y los ordenamientos necesarios que concreten el desarrollo normativo de la citada reforma a la Constitución.

”En este sentido, son infundados los puntos de agravio construidos sobre el argumento central de que la referida reforma constitucional operó en forma directa e inmediata, pues al plantear los mismos el apelante no advierte la previsión expresa de un régimen de transición normativa.

”Esto es, el actor finca sus pretensiones a partir de una premisa inadecuada, al afirmar y dar por hecho que los cambios contemplados en la mencionada reforma constitucional en materia de transparencia (acotada, en términos de la litis, al ámbito del Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos) aplicaron de manera automática, sin reparar en modo alguno sobre la citada previsión constitucional de un lapso transitorio dentro del cual el Poder Legislativo de la Unión deberá emitir la normativa secundaria en la que se regulen las diversas consecuencias jurídicas derivadas de tal reforma.

[…]

”Si bien la reforma constitucional en materia de transparencia entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 8 de febrero de 2014, se debe destacar que tanto en el apartado transitorio del propio decreto de reforma como en diversas porciones normativas del mismo, se previó expresamente el periodo de un año para que el Congreso de la Unión expida el andamiaje legal necesario para la aplicación integral de dicha reforma constitucional.

”De hecho, cabe destacar que del citado régimen transitorio no se desprende previsión expresa alguna donde se ordene que a la entrada en vigor del multicitado decreto de reforma constitucional se abrogarían o derogarían otros ordenamientos vigentes en la materia, y menos aún que dejarían de aplicar, en el ámbito de la presente litis, las normas, instituciones y/o mecanismos con los que venía operando la transparencia y acceso a la información por cuanto hace al Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos.

”Por lo contrario, en el citado decreto de reforma constitucional se destaca la necesidad de que el Congreso de la Unión emita durante dicha etapa transitoria la ley y las reformas legales ahí precisadas, y remite, en tanto ello ocurre, a observar lo previsto en el propio decreto y en la aún vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

”En ese sentido, dentro del referido plazo de un año establecido por el poder reformador de la Constitución (del 7 de febrero de 2014 al 7 de febrero de 2015), el Poder Legislativo de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como reformar, en lo atinente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales [sic]; dicho código fue abrogado con motivo de la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada el 23 de mayo de 2014, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y demás ordenamientos necesarios.

[…]

”Del mismo modo, es importante señalar que en los meses de junio y julio de 2015 la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la imposición de sanciones económicas en contra del Partido Verde Ecologista de México, derivado de incumplimientos en materia de protección de datos personales en posesión de partidos políticos, a través de los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-193/2015 y SRE-PSC-228/2015 y acumulados. Asimismo, se resolvió el diverso procedimiento especial sancionador SRE-PSC-248/2015, en el cual se determinó imponer una multa al Partido Verde Ecologista de México por haber vulnerado la confidencialidad de los datos personales de un ciudadano”.

Con base en lo expuesto, y tomando en consideración los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considera que los asuntos relativos a la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos actualmente sigue siendo de la competencia del Instituto Nacional Electoral, en función del régimen transitorio establecido en el decreto de reforma constitucional y hasta en tanto se emitan las normas reglamentarias en la materia.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM y especialista en derechos humanos y en Derecho internacional de los derechos humanos. Es director de Verificación en el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

1http://norma.ine.mx/documents/27912/276854/2014_Acuerdo_CG70.pdf/1b8cdd35-5ca8-4624-93 46-06987d24a0fb.

2http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-00 83-2014.pdf.

3http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Junio/CGex20140 6-06/CGex201406-6_ap_8.pdf.

4http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-01 01-2014.pdf.

5http://norma.ine.mx/documents/27912/276854/2014_Acuerdo_CG70.pdf/1b8cdd35-5ca8-4624-93 46-06987d24a0fb.

6http://norma.ine.mx/documents/27912/276854/2014_Acuerdo_CG71.pdf/1b370089-1a81-4a65-b0 5e-781e3609f29f.

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