Rotación de jueces: una propuesta indecorosa

Rotación de jueces: una propuesta indecorosa

 

En el contexto de la reciente iniciativa de reforma a la “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, propuesta por el senador Ricardo Monreal para establecer un sistema de rotación de las adscripciones de magistrados de circuito y jueces de distrito, el autor de este artículo afirma de forma tajante que dicha iniciativa carece de sustento y denota un profundo desconocimiento de la función jurisdiccional federal.

 

 

Nada más apropiado que el título de una exitosa película para referirnos a una iniciativa de reformas en trámite en el Senado: indecorosa por el maquiavélico trasfondo político que encierra.

Esa iniciativa, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, con proyecto de decreto por el que adiciona un tercer párrafo y se reforman los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de ese trasfondo, denota un profundo desconocimiento de lo que es la función jurisdiccional federal y de las condiciones y los atributos de quienes la desempeñan.

Esto es así porque en la exposición de motivos, sin datos concretos que lo fundamenten, alude a la intención de disminuir los actos de corrupción, que tampoco especifica, especialmente en lo que toca a la distribución de plazas y a la independencia en la resolución de los asuntos, por lo que considera necesario establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas plazas existentes en las entidades federativas, afirmando de nuevo sin dar datos concretos que los casos de corrupción en gran medida son consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiple casos.

De esas y otras generalizaciones deriva la propuesta de reformas para implementar en la ley un programa de rotación acorde con las necesidades del servicio, asegurando que ningún magistrado de circuito y ningún juez de distrito permanezca menos de tres ni más de seis años en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial, propuesta que, de aprobarse, lejos de favorecer la impartición de justicia, traería graves perjuicios a la función jurisdiccional y a quienes dignamente la desempeñan, cuyos pormenores desconoce o soslaya el autor de la iniciativa, en la inteligencia de que los casos de nepotismo a que tendenciosamente alude, de estar probados, al igual que cualquier acto de corrupción concreto, deben ser sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal, órgano constitucional de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación; pero de ninguna manera, al ser en todo caso la excepción y no la regla, pueden servir de sustento al sistema de rotación propuesto.

La iniciativa desconoce, en principio, que los cargos de magistrado de circuito y de juez de distrito son los terminales de una carrera judicial reconocida en la Constitución y reglamentada en la ley, cargos a los que se accede a través de concursos de oposición después de largos años de estudios especializados, teniendo todos los participantes título de licenciado en Derecho y muchos de ellos maestrías y doctorados, además de larga práctica en las categorías actuariales y secretariales que integran dicha carrera. Durante el desempeño de su encargo, jueces y magistrados están sujetos a un sistema de supervisión a través de la visitaduría judicial federal, así como a un severo proceso de ratificación, de cuyo resultado deriva la inamovilidad, que es fundamental para garantizar la independencia de los juzgadores.

Los cargos son de los más exigentes en lo material y en lo intelectual, y quienes los desempeñan son servidores públicos que laboran sin límite de tiempo todos los días del año, excepto durante los merecidos periodos vacacionales. Además, por mandato del artículo 101 constitucional, en ningún caso pueden aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de particulares, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia, exigencias e impedimentos que no rigen para quienes se desempeñan en los otros poderes que integran el Supremo Poder de la Federación, que gozan de gran liberalidad en cuanto a horarios y periodos de trabajo y pueden saltar sin ningún problema de una cámara a otra, o de un cargo administrativo a otro, sin importar su nivel de estudios ni si están o no capacitados para desempeñarlos.

Ahora bien, entre las garantías unánimemente reconocidas que tienden a preservar la independencia de los juzgadores se encuentran las siguientes: la percepción de salarios dignos, la inamovilidad en el cargo y la permanencia en la adscripción, con las salvedades derivadas de la ley y de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, garantías que les dan seguridad en el presente y certeza en el futuro, permitiéndoles dedicarse sin ninguna preocupación al pleno cumplimiento de sus funciones.

La tercera de esas garantías sería vulnerada con el sistema de rotación que se propone, causando graves perjuicios a más de mil juzgadores y a sus familias, porque los constantes cambios de adscripción impedirían proyectos de vida a largo plazo, afectarían la educación de sus hijos, implicarían costos económicos y, lo más grave, propiciarían la desintegración familiar, cuestiones que, en conjunto, al generar incertidumbre, perturbarían la tranquilidad del juzgador y mermarían su rendimiento en perjuicio de los justiciables.

Además, se pierde de vista que la permanencia en la adscripción es benéfica para la impartición de justicia, porque permite consolidar los órganos jurisdiccionales en las diferentes circunscripciones territoriales y definir criterios que dan certeza jurídica a los impetrantes al provenir de juzgadores altamente especializados en las diferentes materias que son competencia de esos órganos, conocedores de la normatividad vigente en cada entidad federativa, que es lo que les permite determinar, en cada caso concreto, si su aplicación es o no violatoria de los derechos humanos y de las garantías individuales a la luz del juicio de amparo.

El sistema de rotación impediría esa consolidación y esa definición de criterios, porque los cambios a diferentes circunscripciones territoriales que implican necesariamente el conocimiento de casos que versan sobre materias diferentes a aquellas en las que los juzgadores se están desempeñando, retrasarían su solución en tanto se adentran en el conocimiento y la interpretación de la normativa aplicable en la nueva circunscripción territorial a las que fueran adscritos, situación que se repetiría en cada nueva rotación, propiciándose una situación de incertidumbre jurídica notoriamente perjudicial para los destinatarios del servicio de justicia.

No puede invocarse como justificante el que hecho de existan casos de corrupción, pues reiterándose que no se dan datos concretos al respecto, en caso de existir son la excepción y no la regla, por lo que, una vez demostrados, deben dar origen a la aplicación de sanciones, tan severas como sea procedente, ya que si alguien está obligado a ceñir sus actos estrictamente a la ley es el juzgador. A lo anterior procede agregar que si una persona es corrupta lo será lo mismo en tres, seis o 30 años, por ser algo inherente a su personalidad, que en todo caso debe ser motivo de análisis en el procedimiento de selección. No está por demás señalar que al proponerse en la iniciativa que ningún juez o magistrado deberá permanecer menos de tres años en el mismo lugar, el resultado de aplicar ese principio sería contrario al que supuestamente persigue, ya que en ese lapso, aun cuando el juez o magistrado incurriera en prácticas incorrectas, no se le podría cambiar de adscripción, generándose así impunidad.

Conviene recordar que en el sistema actual los cambios de adscripción pueden darse por necesidades del servicio, por causa fundada y a petición del interesado, lo cual significa que no hay la discrecionalidad absoluta que se insinúa, por lo que, en todo caso, lo que procede es regular esas hipótesis mediante acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura en uso de su facultad reglamentaria, que no dejen lugar a dudas y eviten cualquier intento de discrecionalidad o favoritismo en los procedimientos de adscripción y en los cambios de adscripción.

Tampoco puede fundamentarse la pretendida rotación en los casos de nepotismo, de los cuales se magnifican dos en la iniciativa, habida cuenta de que las hipótesis en que puede presentarse esa mala práctica que analizamos en diverso estudio caen en la esfera competencial del propio consejo, al que corresponde remediarla en ejercicio de sus facultades constitucionales. También en este tema el resultado puede ser contrario al que supuestamente se persigue, pues lo que se conseguiría sería acrecentarlo, ya que si un juez o magistrado tiene como patrón de conducta favorecer a sus familiares, lo mismo hará en cada nueva adscripción que se le asigne.

Todo lo expuesto lleva a concluir que la intención de la iniciativa no es mejorar la impartición de justicia en el fuero federal y que el trasfondo es de carácter político, pues lo que se pretende es dividir, debilitar y desprestigiar al Poder Judicial de la Federación, por ser el único que puede servir de contrapeso y mantener vigente el principio de división de poderes que es consustancial al Estado Democrático de Derecho, ante la fuerza avasalladora del movimiento político al que pertenece el presidente electo y que tiene mayoría en ambas cámaras y en las legislaturas de los estados.

Así lo corroboran los reiterados cuestionamientos y ataques que de tiempo atrás se dirigen a ministros, magistrados y jueces, encargados del control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de todo tipo de autoridades, que da vigencia al Estado de Derecho y asegura el respeto absoluto a las garantías consagradas en la norma suprema, lo que parece incomodar a quienes no quieren obstáculos para una transformación que será bienvenida siempre y cuando no violente los principios constitucionales ni los derechos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo, desde luego, a los juzgadores federales.

Ojalá que quienes integran el Senado ponderen estos temas en su verdadera dimensión, más allá de los argumentos efectistas de la iniciativa en comento —que por su trasfondo político y su verdadera intención calificamos de indecorosa—, sin dejarse influir por tendenciosas “encuestas” con respuestas inducidas ni declaraciones demagógicas en el sentido de “darle una sacudida al Poder Judicial”, cuando lo que en realidad se persigue es su debilitamiento con obvia repercusión en la recta impartición de justicia que afecta a todos. Nadie puede negar que existen problemas en ese poder, infinitamente menores que en los otros, pues el judicial ha sido y es el más limpio y eficiente, el último valladar que tenemos ante los actos arbitrarios de la autoridad los ciudadanos comunes y corrientes, que somos la inmensa mayoría de los mexicanos, problemas que en ejercicio de sus facultades debe solucionar el órgano constitucional que lo gobierna y a lo que en nada contribuye la propuesta de un sistema de rotación de las adscripciones de magistrados de circuito y jueces de distrito. Aunque debemos reconocer que, al menos, el senador no sugirió que esas adscripciones se otorgaran a través de tómbolas.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM.

 

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