Trabajo doméstico y seguridad social

Trabajo doméstico y seguridad social

Opinión de la sentencia del amparo directo 9/2018, interpuesto por una trabajadora del hogar para que se le reconiocieran prestaciones como pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad e inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

El seguro social es una de las principales garantías para hacer efectivos los derechos de seguridad social de los trabajadores. Los ramos de seguridad social posibilitan un correcto equilibrio financiero de los trabajadores ante posibles eventualidades, como riesgos de trabajo, enfermedades o muerte.

En la sentencia del amparo directo 9/2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social, porque consideró que excluye del régimen obligatorio del seguro social a las personas trabajadoras domésticas, lo cual es una excepción no prevista en la Constitución General que resulta discriminatoria y violatoria del derecho humano a la seguridad social.

El artículo 13 de la Ley del Seguro Social, publicada el 12 de marzo de 1973, ya preveía una discriminación para que los trabajadores domésticos pudieran acceder al régimen obligatorio del seguro social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); consistía en que sólo a través de un decreto del Ejecutivo federal y a propuesta del IMSS se podían establecer las modalidades y el momento en que dicha clase trabajadora tendría acceso al régimen obligatorio.

La Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1° de julio de 1997, reiteró la exclusión de las personas trabajadoras domésticas para acceder de forma normal al régimen de previsión social que otorga el IMSS. En el artículo 13, fracción II, de dicha ley se dispuso que ese tipo de trabajadores podría acceder al régimen obligatorio del IMSS a través de su incorporación voluntaria, lo que implicaba la indebida exclusión del deber de sus patrones para inscribirlos al régimen obligatorio.

La citada norma es contraria al apartado A del artículo 123 de la Constitución General, porque ésta expresamente otorga todos los derechos laborales y de seguridad social a ese tipo de trabajadores, sin que existan excepciones que los excluya del goce de sus derechos de seguridad social y que exente a sus patrones de la obligación de inscribirlos al régimen obligatorio del IMSS.

El texto original del artículo 123 de la Constitución General de 1917 preveía lo siguiente: “Artículo 123. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo” (las cursivas son mías).

Como se puede apreciar, todas las bases previstas en el artículo 123, entre las que se encuentran las relativas a la seguridad social, rigen también para los “domésticos”, entendiendo por éstos a las personas que se dedican a los trabajos del hogar conforme a un contrato de trabajo. Desde la redacción original del artículo 123 no se prevén excepciones para que las personas trabajadoras domésticas estén sometidas a un acceso excepcional a la previsión social.

El artículo 123, a pesar de sus constantes modificaciones, incluyendo algunas trascendentales como su división en dos apartados a través de la reforma constitucional publicada el 5 de diciembre de 1960, no eliminó la referencia a que los empleados “domésticos” tuviesen todos los derechos previstos en el apartado A del artículo 123. Actualmente el texto de este precepto es el siguiente:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

”El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

”A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo” (las cursivas son mías).

Conforme a la Ley del Seguro Social, las personas trabajadoras domésticas sólo tienen acceso al régimen obligatorio del IMSS si ellas mismas se inscriben (lo que se conoce como incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS) o si voluntariamente las inscribe su patrón, ya que éste no tiene la obligación de hacerlo. Esto evidentemente es contrario al texto constitucional porque no prevé excepción alguna para que en la ley se establezca un esquema de afiliación voluntario a esa clase trabajadora y se excluya la obligación de sus patrones a inscribirlos.

Esa inconstitucionalidad siempre ha sido evidente. No se requería mayor argumentación bajo el principio de igualdad y no discriminación para resolver el problema. Bastaba la confrontación del texto legal en cuestión con el del apartado A del artículo 123 constitucional; no obstante, fue benéfico que el amparo directo 9/2018 se haya resuelto conforme a ese principio porque eso permitió dotar de mayores efectos a la sentencia dictada.

La sentencia que resolvió el amparo directo 9/2018 no condenó al patrón ni al IMSS al pago de prestaciones retroactivas, porque legalmente no existía la obligación de inscribir a la parte quejosa, debido a la presunción de constitucionalidad del precepto. Esto es de conformidad con los efectos normales de las sentencias de amparo directo; sin embargo, el efecto de reconocer la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social y de precisar la imposibilidad de condenar retroactivamente al patrón y al IMSS no generarían una justicia satisfactoria para la parte quejosa.

En una decisión garantista, propia de un tribunal constitucional, la resolución concede efectos que no son normales en las sentencias de amparo directo y los funda en la necesidad de tomar medidas ante la existencia de normas discriminatorias que son muestra de un problema estructural en el Estado mexicano.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia citada, reconoció que no se está en el caso de un amparo indirecto en el que la norma (el artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social) pueda ser el acto reclamado y donde los efectos de la sentencia pueden obligar a las autoridades legislativas y administrativas a remediar la inconstitucionalidad de la norma, lo que es una posibilidad que no es propia de las sentencias de amparo directo en las cuales la autoridad responsable es la jurisdiccional que dictó la resolución que se reclama. Ésta es la única cuestión reclamada y no la norma, por lo que no se podría obligar a las autoridades que emitieron la norma a que remedien el vicio. Sin embargo, al tratarse de un problema sistemático y estructural de discriminación, la sala ordenó poner en conocimiento al IMSS para que tome medidas que permitan que las personas trabajadoras domésticas cuenten con el régimen obligatorio de seguridad social.

La segunda sala ordenó al IMSS instrumentar un programa piloto con el propósito de que genere un régimen especial de seguridad social para ese tiempo de trabajadores, con el fin de que cuenten por lo menos con los ramos de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tomando en cuenta las particularidades del trabajo doméstico. En la sentencia se ordena que el programa sea de fácil implementación para los patrones, obligatorio para éstos y viable financieramente para el propio IMSS. Ese programa piloto tiene la finalidad de que en un futuro próximo la seguridad social para esos trabajadores sea una realidad.

Se ordena en la sentencia que se permita a los patrones inscribir a sus trabajadores sin la necesidad de que estén registrados ante el Servicio de Administración Tributaria, porque el IMSS es un órgano fiscal autónomo que no depende para la recaudación de aquél, por lo que fácilmente puede implementar un sistema en el que no se exija ese requisito.

Los efectos anteriores, como se mencionó, no son propios de las sentencias de amparo directo, porque en éstas no se puede obligar a autoridades distintas a la autoridad jurisdiccional responsable. En el caso, el IMSS no es autoridad responsable; la responsable fue la junta especial número 19 de la local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México. Legalmente, no se podría obligar al IMSS; sin embargo, se adoptó una postura garantista para ampliar los efectos de la sentencia de amparo directo y marcar directrices al IMSS con el fin de que éste haga efectivos los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras domésticas. Máxime cuando se trata de un problema estructural de discriminación hacia estas personas.

La sentencia analizada constituye un gran precedente para la protección de los derechos sociales en México, ya que toma en cuenta la situación particular que enfrentan las personas trabajadoras domésticas, esto es, la difícil inspección del trabajo, la frecuente falta de un contrato escrito de trabajo, la variabilidad de las condiciones de trabajo (especialmente la duración de las jornadas), el domicilio del trabajador en el lugar de trabajo, el pago de salario en especie, entre otras. A lo anterior, esa clase trabajadora debe sumarle la falta de acceso a los servicios de seguridad social, como servicios de salud y un régimen pensionario. Por ello la sentencia es una contribución a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y un avance para la asequibilidad de los servicios de seguridad social de esas personas en situación de vulnerabilidad.

Tratándose de la protección de derechos humanos, de la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, y del combate de una discriminación normativa, es pertinente que los efectos del juicio de amparo directo se amplíen para lograr una justicia efectiva. Ésta es la forma en la que evolucionan las figuras jurídicas. Recuérdese que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto se introdujo vía jurisdiccional hasta terminar regulado en la nueva ley de amparo. De la misma manera, se debe evolucionar en los efectos proteccionistas de las sentencias de amparo para salvaguardar plenamente a los derechos humanos en México.

El recién nombrado director del IMSS se pronunció por cumplir la sentencia sin entrar a la discusión legal de si lo obliga o no la sentencia. Esto es bueno en un sistema constitucional garantista donde se privilegia la protección de los derechos humanos.

El IMSS está en condiciones financieras y administrativas de cumplir con una obligación que constitucionalmente siempre ha tenido, pero que la Ley del Seguro Social, de manera indebida, le excluye. Ya es momento de que las autoridades administrativas empiecen a hacer control de constitucionalidad y convencionalidad con fundamento en criterios jurisprudenciales firmes, es decir, en razonamientos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que un juez competente ya realizó.

 


  

* Abogado constitucionalista y profesor titular en la Escuela Libre de Derecho.

 

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