Un paso atrás en materia de acciones colectivas

Un paso atrás en materia de acciones colectivas

 

Para el autor, nuestras autoridades judiciales actúan de forma acartonada y obsoleta al momento de interpretar la ley y de juzgar, privilegiando la aplicación de una norma sin tomar en cuenta si las resoluciones atienden una realidad que afecta directamente los derechos humanos de las personas y sin dirimir la contienda que se les presenta. Las acciones colectivas son una muestra evidente de lo anterior.

 

 

El juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York viene a demostrar, confirmar y hasta exhibirnos ante el exterior como un Estado fallido en materia de administración de justicia, especialmente de las procuradurías y, en general, de todos los órganos relacionados con la materia.

No tengo duda de que hubo innumerables esfuerzos, aciertos y logros en las administraciones de los ex presidentes Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero haber permitido y continuado con lo que por desgracia se volvió un paradigma, esto es la “corrupción”, sencillamente destrozó todos esos esfuerzos y colocó a México en los últimos y vergonzosos lugares en el planeta en materia de administración de justicia, de acuerdo con worldjusticeproject.com. En este caso, conservar un solo paradigma del pasado (la corrupción) tuvo la fuerza y la contundencia para destruir al país en esta materia.

Lo mismo ha sucedido con el Poder Judicial, donde nuestras autoridades judiciales han caído en un sistema acartonado y obsoleto por su forma de interpretar la ley y de juzgar. Y las acciones colectivas son una prueba de lo anterior, no obstante que desde su creación, con la adición del tercer párrafo al artículo 17 constitucional en 2010, en la exposición de motivos y en diversos foros académicos se destacó que su inclusión en el sistema jurídico mexicano se hacía con la esperanza de aumentar los niveles de justicia en México; pero para que eso fuese posible se ordenó al Poder Judicial romper los viejos paradigmas del pasado que, en mi opinión, no eran otra cosa que viejos vicios, los cuales, lamentablemente, se hallan incrustados, a través del tiempo, en la mayoría de los miembros del Poder Judicial. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su décima época, hizo invaluables contribuciones para procurar el rompimiento de esos paradigmas, pero al igual que en el Poder Ejecutivo, subsisten muchos vicios del pasado en los tribunales y en los litigantes, lo que deriva en una administración de justicia muy pobre. Uno de estos terribles vicios es lo que llamo "justicia sin sentido social” en que la autoridad judicial da preeminencia a la aplicación de una norma procesal o a una hipótesis normativa sin considerar si realmente administrando justicia, es decir, dando a cada quien lo suyo. Es una justicia de papel en que el juzgador no toma en cuenta que su resolución no atiende una realidad que afecta directamente los derechos humanos de las personas ni dirime la contienda que se le presenta.

La contradicción de tesis 3/2018, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 4 de septiembre de 2018 por el pleno de los colegiados en materia civil del primer circuito, que hace retroceder significativamente el avance que se ha tenido en materia de acciones colectivas, es una prueba fehaciente del daño que se hace a la justicia en México al aplicarse los paradigmas del pasado. Esta contradicción de tesis destruyó la ejecutoria del Noveno Tribunal Colegiado —al resolver el recurso de queja 272/2016—, valiosísima para las acciones colectivas que, en su momento, califiqué como la mejor y muy superior de las grandes ejecutorias emitidas por la primera sala de la SCJN, la cual muy atinadamente señaló que la reforma en materia de acciones colectivas incluye un catálogo de derechos sustantivos. En efecto, al resolver esa queja, que versaba sobre la procedencia del juicio de amparo directo en contra de una resolución judicial que admitió como prueba la confesional de más de 30 miembros de la colectividad, dicho colegiado sostuvo lo siguiente de manera magistral: “i) que en la exposición de motivos del CFPC se determinó que las acciones colectivas son una nueva categoría de derechos sustantivos; ii) que por tratarse de una herramienta de defensa de los intereses de los ciudadanos y consumidores mediante un procedimiento ágil de carácter social algunas violaciones procesales pueden considerarse de carácter sustantivo, porque su finalidad es la tutela de los derechos colectivos con carácter social por mandato constitucional; iii) que el procedimiento creado para dirimir las acciones colectivas es especial de rango constitucional, catalogado como un derecho sustantivo que tiene como finalidad aportar un servicio social colectivo de carácter patrimonial, por lo que cualquier transgresión al procedimiento es susceptible de afectar de manera inmediata derechos sustantivos, y iv) que la violación procesal por su propia naturaleza es susceptible de afectar derechos sustantivos, los cuales no pueden esperar a ser reclamados en amparo directo ya que se encuentra en juego desde el inicio del juicio el patrimonio de los consumidores que motivaron inicialmente el juicio colectivo y de muchos otros que potencialmente pueden incorporarse al procedimiento en el futuro”.

En mi opinión, el principal problema que trajo como consecuencia esta desafortunada contradicción de tesis fue que resolvió el asunto sin haber tenido la posibilidad de estudiar las acciones colectivas con la profundidad que se requería y sin haber mencionado siquiera la gran ejecutoria 28/2013 de la primera sala de la SCJN que incorporó, como marco legal de las acciones colectivas, la exposición de motivos de dicha ley. En otras palabras, lo que estoy afirmando es que los 12 magistrados que votaron a favor de dicha contradicción no tienen los conocimientos suficientes para resolver un juicio de acciones colectivas. Con lo anterior por ningún motivo pretendo descalificar a esos magistrados, quienes merecen todo mi respeto y estoy seguro de que tienen un conocimiento muy superior de la ciencia del Derecho que el suscrito. No obstante su capacidad, y precisamente por su carga de trabajo, no tienen la oportunidad de estudiar a fondo nuevas figuras jurídicas, como las dichas acciones colectivas, las cuales se crearon en México hace casi 10 años.

Es fundamental acabar con este gran vicio de nuestro Poder Judicial, que se deriva de la saturación de un trabajo insostenible, lo cual tiene como consecuencia otro gran vicio: que las resoluciones y las sentencias acaban siendo elaboradas por el personal de apoyo de jueces, magistrados y hasta ministros, sencillamente porque es humanamente imposible atender directamente tantos asuntos.

Volviendo a la contradicción de tesis de marras, si bien reconoce que las acciones colectivas se elevaron a rango constitucional, el pleno concluye indebidamente que sólo se hizo lo anterior para otorgar el derecho a ejercer esa figura jurídica, pero en forma simplista arguye que el procedimiento que se instrumentó no tiene dicho rango constitucional y, en consecuencia, la violación procesal que se deriva de ello no afecta derechos sustantivos, lo cual denota el desconocimiento flagrante del marco legal de las acciones colectivas.

En efecto, esta figura tiene su origen en el sistema anglosajón, el cual es totalmente ajeno al tradicional sistema de Derecho civil (civil law system), por lo que, para entender e interpretar correctamente las susodichas acciones colectivas, es necesario alejarse de ese sistema tradicional —creado con una visión individualista, mediante la cual la ley privilegia la interpretación de los principios legales y los conceptos creados a través de abstracciones, cuando lo relevante en las acciones colectivas son la efectividad, la agilidad, la flexibilidad y, en general, respuestas prácticas y rápidas a la violación de los derechos de las masas—. En tratándose de acciones colectivas es fundamental dejar a un lado la teoría, los conceptos y las definiciones que aplican el civil law system y atender directamente los resultados prácticos que garanticen una eficiente y efectiva tutela de los derechos colectivos.

Los juicios colectivos no son contiendas tradicionales sino reclamos de las masas derivados normalmente de abusos de grandes empresas, incluyendo la contaminación del medio ambiente. Así, un juicio colectivo será: i) “No me cobres comisiones excesivas y regrésame el cargo que se me hizo y no autoricé” (banco); ii) “Págame lo que me corresponde y no lo que quieres” (compañía de seguros); iii) “Págame los daños que me causó la contaminación que generaste y reestablece al medio ambiente”; iv) “Dame el servicio telefónico y el internet que te comprometiste a proporcionarme y regrésame lo que te pagué de más” (compañía telefónica); v) “Deja de cambiar los términos del contrato de cada viaje y de hacer cargos escondidos e incómodos” (compañía aérea); vi) “Dame un transporte de calidad, digno y seguro” (transportista); vii) “Deja de enfermarnos y cumple con la NOM nacional e internacional” (comisión de agua), etcétera.

Insisto, nuestro sistema legal fue diseñado para satisfacer necesidades e intereses individuales, y no colectivos (a los que me he referido) y, en consecuencia, los conceptos, las definiciones y las abstracciones que utilizamos para aplicar el Derecho no ofrecen las respuestas para solucionar los conflictos y defender los intereses colectivos que por lo común involucran a millones de personas. Por eso la iniciativa referida ordena a los juzgadores no aplicar los paradigmas procesales actuales, que en muchas ocasiones son contrarios al espíritu de las acciones colectivas que, reitero, persiguen una respuesta ágil, flexible, efectiva y eficiente a la tutela de los derechos colectivos. En consecuencia, la función del juzgador debe ser la efectiva y eficiente satisfacción del reclamo colectivo flexibilizando y agilizando el proceso.

Nuestra legislación se basó principalmente en el Derecho brasileño, pionero en la “adaptación” de las acciones colectivas al sistema tradicional de Derecho civil, lo cual logró superando los viejos dogmas y creando un nuevo sistema de Derecho sustantivo y procesal que pudiera responder a las necesidades de las masas o grupos. Para conseguirlo, se crearon abstracciones tales como acciones difusas, acciones colectivas en sentido estricto y acciones individuales homogéneas, pero no para que los jueces mexicanos desmembraran sus contenidos, sino como herramientas para legitimar a las masas en su afán de hacer valer sus derechos y, por otro lado, para que el juzgador atienda el reclamo de sus derechos en forma efectiva, eficiente, ágil y flexible, derechos que generalmente son transindividuales e indivisibles.

Una de las principales características de las acciones colectivas en el Derecho anglosajón es que la ley reconoce que en la relación de las masas con un proveedor o ente superior existe una situación de desventaja o de inferioridad de las primeras, por lo que considera necesario, a la luz de la justicia, que esa relación sea tratada conforme al catálogo de normas sustantivas y procesales que incorpora esa figura jurídica. Este catálogo de normas sustantivas deriva precisamente del nuevo método de interpretación colectiva que incorporó el artículo 583 del Código Federal de Procedimiento Civiles y su exposición de motivos, con base en la procolectividad, la proefectividad, la proeficiencia, la proflexibilidad y la proagilidad, y debe priorizar el respeto de los derechos humanos de los individuos, además de que debe atender rigurosamente el principio pro homine, pues esa es la única forma de equilibrar la contienda que se produzca entre una parte sumamente débil y una altamente poderosa. De ahí que se haya impuesto al juzgador la carga de velar por el interés público y por el interés colectivo.

¿Cómo puede el juzgador interpretar y juzgar y, al mismo tiempo, velar por el interés de una de las partes? La única forma de hacerlo es utilizando una óptica más amplia con una verdadera tutela de los derechos humanos, lo que necesariamente implica considerar los derechos sustantivos que se están reclamando. En otras palabras, si las acciones colectivas son una figura proveniente del Derecho anglosajón (muy efectiva en otros sistemas jurídicos y hasta temida por las grandes empresas), cuyo principal objetivo es constituirse en un remedio efectivo, eficiente, flexible y ágil para las masas, el juzgador debe apartarse de la interpretación rigorista y hasta legalista que utiliza y trabajar activamente en el proceso para facilitar a la colectividad un resultado efectivo, tomando en cuenta uno de los presupuestos más importantes de las acciones colectivas: que la ley reconoce una gran desigualdad entre las partes y, en consecuencia, no se les puede tratar igual, así como no debe existir un equilibrio procesal, como lo conocemos en el sistema tradicional, sino que tiene que aplicarse el principio pro debilis.

Un buen ejemplo de lo anterior podría ser el tema de los daños y perjuicios. Debido a la rigidez y el acartonamiento del sistema, durante muchos años los daños y perjuicios en México casi no han existido o han sido muy limitados porque jurisprudencialmente se definió de modo muy estricto que “deben ser consecuencia directa e inmediata”. Aplicar la nueva Ley de Acciones Colectivas implica que los juzgadores velen por la colectividad y flexibilicen estos conceptos, máxime que la norma relativa a los daños y perjuicios fue creada con una visión individualista que no resuelve ni satisface a una colectividad que, por ejemplo, es dañada en su persona y en sus bienes mediante la deliberada e irresponsable contaminación provocada por una empresa a un lago o a un río, casos en que los daños están a la vista de todos.

En la contradicción de tesis referida y sumamente criticada el pleno prefirió dar prioridad al paradigma de “amparo hasta la definitiva en tratándose de violaciones procesales” sin analizar consecuencias y efectos y, mucho menos, sin entender las acciones colectivas en las que no es necesario desahogar pruebas individualizadas. Eso es a lo que llamo “juzgar sin sentido social”, ya que la visión de los magistrados se limitó a una cuestión “jurídica-procesal”, esto es, la procedencia de un amparo en un juicio colectivo en tratándose de admisión de pruebas, sin observar ni mucho menos velar por los derechos infringidos a la colectividad en el fondo del asunto.

Siguiendo con el ejemplo hipotético mencionado, relativo a la contaminación de un lago o un río, en el que la colectividad está conformada por miles de personas que han sufrido daños y que acudieron a la instancia jurisdiccional para recibir un alivio y una protección ágil, flexible, efectiva y eficiente, aplicando dicha contradicción deberá admitirse la confesional de miles de personas y desahogarse dichas pruebas durante mucho tiempo con el testimonio de cada miembro de la colectividad, lo que constituirá un impedimento para continuar con el procedimiento y alargará innecesariamente el proceso, lo suficiente como para que muchos miembros de la colectividad mueran por no haber obtenido los recursos necesarios con los cuales puedan obtener las medicinas y los servicios médicos necesarios para salvar sus vidas. En otras palabras, el pleno creó una chicana enorme para los súper entes que seguramente hará más débiles a muchas colectividades y las hará sucumbir por no poder soportar el impacto económico de tramitar un proceso largo y tortuoso.

A estos devastadores resultados se llega cuando se aplica otro viejo paradigma de divorciar el proceso respecto del fondo del asunto. En todo momento el juzgador debe observar el fondo del asunto y, particularmente en materia de acciones colectivas, los derechos que alega la colectividad que se le están infringiendo, que, como ya vimos, son reclamos que desde el inicio el juzgador debe presumir que son ciertos, salvo que se pruebe lo contrario en el curso del proceso, y acatar en todo momento lo ordenado en el artículo 583 citado, esto es, velar por el interés colectivo.

 

 


 

 

* Abogado por la Escuela Libre de Derecho, experto en temas de inversión extranjera, derecho inmobiliario, bancario y financiero, y fundador de la firma Krasovsky Abogados, S.C.

  

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