Un paso atrás en materia de acciones colectivas

Un paso atrás en materia de acciones colectivas

 

Para el autor, nuestras autoridades judiciales actúan de forma acartonada y obsoleta al momento de interpretar la ley y de juzgar, privilegiando la aplicación de una norma sin tomar en cuenta si las resoluciones atienden una realidad que afecta directamente los derechos humanos de las personas y sin dirimir la contienda que se les presenta. Las acciones colectivas son una muestra evidente de lo anterior.

 

 

El juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York viene a demostrar, confirmar y hasta exhibirnos ante el exterior como un Estado fallido en materia de administración de justicia, especialmente de las procuradurías y, en general, de todos los órganos relacionados con la materia.

No tengo duda de que hubo innumerables esfuerzos, aciertos y logros en las administraciones de los ex presidentes Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero haber permitido y continuado con lo que por desgracia se volvió un paradigma, esto es la “corrupción”, sencillamente destrozó todos esos esfuerzos y colocó a México en los últimos y vergonzosos lugares en el planeta en materia de administración de justicia, de acuerdo con worldjusticeproject.com. En este caso, conservar un solo paradigma del pasado (la corrupción) tuvo la fuerza y la contundencia para destruir al país en esta materia.

Lo mismo ha sucedido con el Poder Judicial, donde nuestras autoridades judiciales han caído en un sistema acartonado y obsoleto por su forma de interpretar la ley y de juzgar. Y las acciones colectivas son una prueba de lo anterior, no obstante que desde su creación, con la adición del tercer párrafo al artículo 17 constitucional en 2010, en la exposición de motivos y en diversos foros académicos se destacó que su inclusión en el sistema jurídico mexicano se hacía con la esperanza de aumentar los niveles de justicia en México; pero para que eso fuese posible se ordenó al Poder Judicial romper los viejos paradigmas del pasado que, en mi opinión, no eran otra cosa que viejos vicios, los cuales, lamentablemente, se hallan incrustados, a través del tiempo, en la mayoría de los miembros del Poder Judicial. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su décima época, hizo invaluables contribuciones para procurar el rompimiento de esos paradigmas, pero al igual que en el Poder Ejecutivo, subsisten muchos vicios del pasado en los tribunales y en los litigantes, lo que deriva en una administración de justicia muy pobre. Uno de estos terribles vicios es lo que llamo "justicia sin sentido social” en que la autoridad judicial da preeminencia a la aplicación de una norma procesal o a una hipótesis normativa sin considerar si realmente administrando justicia, es decir, dando a cada quien lo suyo. Es una justicia de papel en que el juzgador no toma en cuenta que su resolución no atiende una realidad que afecta directamente los derechos humanos de las personas ni dirime la contienda que se le presenta.

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