75 años del edificio sede de la Suprema Corte

75 años del edificio sede de la Suprema Corte

Recientemente se cumplieron 75 años de la inauguración del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo que invita a reflexionar no sólo en el valioso patrimonio que constituye desde el punto de vista arquitectónico y artístico, sino también en la consolidación de la independencia del Poder Judicial de la Federación y, concretamente, de la Suprema Corte de Justicia. 

 

El 2 de junio de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en avenida Pino Suárez número 2.1 La obra, proyectada por el arquitecto Antonio Muñoz García, había empezado a construirse en 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas colocó la primera piedra en el terreno donde había estado la Plaza del Volador. En su informe de labores de 1941 el ministro presidente Salvador Urbina encomió el empeño de la Presidencia de la República para construir el inmueble y describió la solemnidad de la ceremonia de inauguración.2 En particular, indicó algo que debe citarse:3 “El acto oficial al que me he venido refiriendo tuvo la expresión fundamental […] de lo que hacía muchísimos años no se producía en el país, o sea, que el Ejecutivo de la Unión hiciera pública reiteración de sus firmes propósitos de dar efectividad a la soberanía e independencia del Poder Judicial; que ‘el gobierno pondrá al servicio del Poder Judicial su fuerza moral y material para garantizar el respeto y el cumplimiento de las decisiones de la Suprema Corte’; que ‘la Constitución reconoce, y una buena administración de justicia exige, que la independencia de este alto tribunal sea una realidad’”.

A 75 años de aquella ocasión, la independencia del Poder Judicial de la Federación y, concretamente, de la Suprema Corte de Justicia, es innegable. Sus fallos bastan y sobran para justificar su compromiso con la defensa constitucional y de los derechos humanos.4 Su rendimiento ha sido resultado no sólo de la calidad profesional y moral de sus integrantes, sino también de sucesivas reformas constitucionales que la han fortalecido orgánica y competencialmente. Desde los tiempos de Ávila Camacho (1944) se proyectaron reformas tendientes a convertir a la Corte en un tribunal de constitucionalidad,5 lo cual comenzó a evidenciarse a partir de 1951, al crearse los tribunales colegiados de circuito. En 1988 se expresó claramente que había llegado el momento de que la Corte fuera “un verdadero tribunal constitucional”;6 en todo caso, los tribunales colegiados de circuito se hicieron competentes para conocer del control de la legalidad, con el fin de que el máximo tribunal se limitara a fijar el alcance de los preceptos constitucionales.

Sin embargo, la reforma fundamental para la transformación referida de la Corte fue la de diciembre de 1994: se modificaron su integración y su competencia para que operara como jurisdicción constitucional especializada; la creación del Consejo de la Judicatura Federal la privó de ocuparse de la administración de tribunales y juzgados federales, y entre sus facultades exclusivas figuró el conocimiento de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.7 Retuvo, no obstante, la facultad no jurisdiccional de investigar violaciones graves a “garantías individuales”, enormidad corregida con las reformas de 2011,8 que trasladaron dicha facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aun cuando el alto tribunal no cubra todos los requisitos que la doctrina ha señalado para confirmar la existencia de un tribunal constitucional,9 no puede negarse que se trata de la máxima garantía jurisdiccional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.10 Independientemente de que integre el Poder Judicial de la Federación y de que sus funciones no impidan la coexistencia de un control constitucional concentrado con uno difuso11 (debido al artículo 1o constitucional reformado en 2011),12 es claro que materialmente desarrolla toda atribución propia de una Corte constitucional: su jurisprudencia asegura en todo momento la efectividad de los derechos humanos;13 de ahí que en México exista un Estado Democrático de Derecho.

Los cambios señalados han tenido lugar en los últimos 75 años, en cuyo transcurso la Suprema Corte se ha mantenido en su sede de Pino Suárez, pese a contar con una alterna14 en avenida Revolución número 1508,15 donde las sesiones plenarias no son frecuentes. En la gran estructura revestida de cantera labrada, con ventanas que se abren a Corregidora, a Venustiano Carranza y a Erasmo Castellanos Quinto, se ha procurado siempre mantener las mejores condiciones para el trabajo de las ponencias y las áreas de apoyo jurisdiccional y administrativo. Desde finales del siglo pasado ha sido remozada en varias ocasiones, por motivos tanto estéticos como prácticos, y en particular para cuidar la correcta operación de redes informáticas de complejidad creciente. Desde la óptica arquitectónica, el edificio es eminentemente funcional, pero sin duda su interior concita la admiración de propios y extraños, nacionales y extranjeros,16 en virtud de los murales y las esculturas que embellecen diversos puntos;17 obras de grandes artistas como José Clemente Orozco, Luis Nishizawa y Rafael Cauduro solazan a entendidos y profanos en materia muralística.

La propia Corte ha indicado: “El edificio sede forma parte de un valioso patrimonio institucional, perteneciente a todos los mexicanos. Se trata de un inmueble que es concreción de sobriedad arquitectónica y riqueza artística, atributos que convocan anualmente a miles de personas, que lo visitan por el simple interés de conocerlo y apreciarlo”.18 En efecto, pero, sobre todo, es la señal de que el pueblo mexicano quiere seguir viviendo en libertad y en democracia, y para ello ha precisado a numerosos hombres y mujeres que, a lo largo de décadas, han salvaguardado la regularidad constitucional de las funciones estatales, seguros de que la temporalidad del cargo no entrañará la de la institución que vela por la Ley Suprema del país.

Por tanto, sirva para concluir la paráfrasis de un libro sabio (Eclesiastés 1:4): las generaciones de mexicanos van y vienen, pero la Corte permanece.

Notas

* Licenciado en Derecho.

[1] La descripción de los recintos que la Corte ocupó antes se encuentra en Francisco Arturo Schroeder Cordero, La Suprema Corte de Justicia. Su tránsito y su destino, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1985.

2 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente el Sr. Lic. D. Salvador Urbina, al terminar el año de 1941, Antigua Imprenta de Murguía, 1941, México, p. 18.

3 Ibidem, pp. 19-20.

4 La exposición razonada de las sentencias fundamentales del alto tribunal aparece en diversas publicaciones, entre las cuales destacan los informes de labores de la Presidencia, la serie Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con más de 80 números hasta ahora) y, desde luego, el Semanario Judicial de la Federación (http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx).

5 Héctor Fix-Zamudio, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, CNDH, México, 1993, pp. 509-510.

6 Exposición de motivos de la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 de abril de 1987. La reforma entró en vigor el 15 de enero de 1988.

7 José de Jesús Gudiño Pelayo, La justicia federal al final del milenio, Col. Reforma Judicial, núm. 2, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2001, pp. 9-10.

8 Cf. Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, 2a ed., Suprema Corte de Justicia de la Nación/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2012.

9 Louis Favoreu, Los tribunales constitucionales, trad. de Vicente Villacampa, Ariel, Barcelona, 1994, p. 13.

10 Hans Kelsen, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), trad. de Rolando Tamayo y Salmorán, UNAM, México, 2001, p. 10.

11 Cf. José Ramón Cossío Díaz, Sistemas y modelos de control constitucional en México, 2a ed., UNAM, México, 2013.

12 Cf. tesis 1a./J. 18/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de 2012, t. 1, p. 420.

13 Giancarlo Rolla, Derechos fundamentales, Estado democrático y justicia constitucional, UNAM, México, 2002, pp. 134 y ss.

14 El edificio de Bolívar y 16 de Septiembre no incluye salón de plenos. Cf. Testimonio de un cuatrienio. La modernización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1994-1998), Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1998.

15 Mauricio Padilla Acosta, “La Corte estrena salón de pleno”, Compromiso. Órgano Informativo del Poder Judicial de la Federación, año 5, núm. 63, septiembre de 2006, pp. 2-5.

16 El 19 de junio de 2006 se inauguró el Sistema de Audioguías en español, inglés y francés, para que los visitantes hagan recorridos autónomos por el inmueble.

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su integración y funcionamiento, 3a ed., Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2008, pp. 107-132.

18 http://www.sitios.scjn.gob.mx/75_aniversario/.

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