Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública

Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública

 

Con la finalidad de contribuir en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que la nueva administración federal habrá de implementar para combatir la delincuencia y la corrupción, el CEPOLCRIM elaboró el documento “Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública (problemas y desafíos de la política criminal, el sistema de justicia penal y la seguridad pública en México)”, del que aquí se ofrece un extracto.

 

 

Todo proyecto de nación anhela fortalecer el Estado de Derecho en aras de consolidar la cohesión social. México no es la excepción, y ante la próxima transmisión del Poder Ejecutivo federal, el nuevo gobierno de la República encontrará en la agenda penal un eje de política pública que necesita de toda una reingeniería institucional para cumplir con sus diversos cometidos constitucionales y legales, y recuperar su credibilidad.

Por su objeto y su finalidad, la política criminal (acciones, medidas y estrategias para prevenir, perseguir y sancionar las diversas modalidades del fenómeno delictivo, así como para la atención de sus víctimas) se torna una de las principales líneas de trabajo de todos los órdenes y niveles de gobierno. Para enfrentar los altos índices de delincuencia, inseguridad, impunidad y corrupción que se viven en nuestro país es urgente el diseño de nuevas y más funcionales estrategias político-criminales.

De ahí que el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, ha realizado un sinnúmero de eventos académicos (congresos, seminarios, foros, etcétera, de corte nacional e internacional), a través de los cuales se buscan alternativas para enfrentar los problemas citados. Partiendo del análisis y la discusión de las múltiples dificultades de nuestro sistema de justicia penal, esa institución pugna por el desarrollo de un sistema penal democrático, realizando planteamientos concretos sobre lo que desde la perspectiva académica debe ser la política criminal del Estado mexicano.

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