Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública

Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública

 

Con la finalidad de contribuir en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que la nueva administración federal habrá de implementar para combatir la delincuencia y la corrupción, el CEPOLCRIM elaboró el documento “Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública (problemas y desafíos de la política criminal, el sistema de justicia penal y la seguridad pública en México)”, del que aquí se ofrece un extracto.

 

 

Todo proyecto de nación anhela fortalecer el Estado de Derecho en aras de consolidar la cohesión social. México no es la excepción, y ante la próxima transmisión del Poder Ejecutivo federal, el nuevo gobierno de la República encontrará en la agenda penal un eje de política pública que necesita de toda una reingeniería institucional para cumplir con sus diversos cometidos constitucionales y legales, y recuperar su credibilidad.

Por su objeto y su finalidad, la política criminal (acciones, medidas y estrategias para prevenir, perseguir y sancionar las diversas modalidades del fenómeno delictivo, así como para la atención de sus víctimas) se torna una de las principales líneas de trabajo de todos los órdenes y niveles de gobierno. Para enfrentar los altos índices de delincuencia, inseguridad, impunidad y corrupción que se viven en nuestro país es urgente el diseño de nuevas y más funcionales estrategias político-criminales.

De ahí que el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM), a lo largo de sus más de dos décadas de existencia, ha realizado un sinnúmero de eventos académicos (congresos, seminarios, foros, etcétera, de corte nacional e internacional), a través de los cuales se buscan alternativas para enfrentar los problemas citados. Partiendo del análisis y la discusión de las múltiples dificultades de nuestro sistema de justicia penal, esa institución pugna por el desarrollo de un sistema penal democrático, realizando planteamientos concretos sobre lo que desde la perspectiva académica debe ser la política criminal del Estado mexicano.

En este contexto, CEPOLCRIM presenta el documento “Agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública (problemas y desafíos de la política criminal, el sistema de justicia penal y la seguridad pública en México)”; dicho texto agrupa una serie de propuestas que académicos y miembros de la sociedad civil plantean al gobierno electo, con la finalidad de coadyuvar en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que en dichas vertientes necesariamente habrá de implementar. A continuación presentamos un extracto de las propuestas del documento, conformado por tres ejes.

 

Primer eje: Reorientación de la política criminal mexicana

 

I. Por un nuevo modelo de política criminal: “más prevención y menos represión”. México requiere una política criminal integral, coherente y funcional, que responda a las expectativas de la sociedad y a las exigencias del Estado Democrático de Derecho. La violencia, en sus múltiples facetas, es un fenómeno multidimensional, que no puede atacarse sólo mediante la acción penal o policial. Su eliminación debe pasar por detener la desintegración del tejido social producto de la desigualdad, la marginación social y la pobreza, el bajo nivel educativo, el consumo de alcohol y de estupefacientes, entre otros, además de los problemas de impunidad y corrupción.

II. Nuevas estrategias político-criminales frente a las drogas y la delincuencia organizada. A la delincuencia organizada se le puede prevenir y combatir a través del fortalecimiento tanto de las instituciones del Estado de Derecho como de la seguridad humana, lo que implicaría aplicar no sólo políticas represivas de carácter penal, a través del sistema judicial y respetando el ejercicio de los derechos humanos, sino también a través de políticas preventivas coordinadas interinstitucional y geográficamente focalizadas en el sector laboral, en el sector salud y en el sector educación, que hagan más difícil que mafias capturen el tejido social a través del tráfico de drogas, personas, migrantes, piratería o cualquier otro bien o servicio legal o ilegal.

III. Reorientar las estrategias político-criminales frente a la llamada delincuencia común. En el ámbito de la “delincuencia común” o “convencional” se encuentran tanto “hechos violentos” de menor impacto social como hechos “no violentos”, frente a los cuales también se requiere reorientar la política criminal, fomentando el desarrollo humano, la igualdad y la inclusión y los derechos económicos, sociales y culturales, fortaleciendo programas a favor de la mujer, la familia, la educación, el trabajo, la niñez y la juventud, el deporte y el tiempo libre; generando programas para atender a los grupos vulnerables, y mejorando la calidad de vida de los asentamientos urbanos y rurales.

IV. Estrategias político-criminales para combatir la impunidad. Son alarmantes las cifras de la impunidad que proporcionan tanto las propias instancias oficiales del sistema de justicia penal como el INEGI y otras organizaciones de la sociedad civil que destacan que más de 90 por ciento de los hechos que se denuncian no se investigan, o no se esclarecen, sin contar que un gran porcentaje de los hechos que realmente se cometen no se denuncian, por diversas razones, y pasan a engrosar la cifra oculta de la criminalidad. Y de ese reducido número de casos que se judicializan el porcentaje que concluye en una sentencia condenatoria es aún mucho menor. La impunidad, a su vez, se convierte en un importante factor criminógeno y en motivo de descrédito del sistema de justicia penal, razón por la cual las estrategias para combatirla requieren una revisión a fondo.

V. Estrategias político-criminales para combatir la corrupción. Por lo que hace a la responsabilidad penal, civil, administrativa y política en materia de corrupción, es grave el grado de impunidad que prevalece. Por ello, el objetivo fundamental de cualquier nuevo programa que se establezca sobre la materia debe ser que el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) efectivamente reduzca la impunidad y, consecuentemente, también reduzca los actos de corrupción.

 

Segundo eje: Fortalecimiento del sistema de justicia penal y del Estado de Derecho

 

I. Fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia penal y del Estado de Derecho. No es extraño que el sistema de justicia penal —por la forma de actuar de alguno de sus subsistemas o niveles— se aparte de los lineamientos constitucionales, lo que puede suceder por diversas razones: por no cumplir con sus atribuciones o no hacerlo según dichos lineamientos, como cuando los objetivos del sistema penal no se alcanzan (sube la delincuencia y la impunidad), se inobservan los principios que le dan sustento o se violentan los derechos humanos, entre otras. Y, cuando eso sucede, el sistema penal pierde credibilidad, entra en crisis y el propio Estado de Derecho se ve impactado.

II. Fortalecimiento del sistema procesal penal acusatorio. A la fecha, el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral aún no ha dado los resultados esperados; por el contrario, ha sido objeto de cuestionamientos fuertes y de algunos cambios legislativos, al grado de que se puede decir que no sólo se encuentra en crisis, sino en un estado desastroso, sin cuidado alguno. El nuevo sistema procesal penal aún no ha mostrado ser más eficaz que el “tradicional”, en relación con sus propios objetivos. De ahí la necesidad de someterlo a revisión y seguir buscando mejores alternativas para “enderezar su rumbo” y hacerlo más funcional.

III. Renovación del sistema penitenciario. También el sistema penitenciario ha sido objeto de reformas recientes, sobre todo por la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones (2016) y por la creación de la figura del juez de ejecución, que tiene la función de garantizar que la ejecución de la sentencia se haga en los términos que dictó el juez respectivo, es decir, para que se observe la legalidad de la misma; asimismo, para que los derechos y las garantías del sentenciado —así como del procesado en prisión preventiva— se observen y, en su caso, que se subsanen sus violaciones. No obstante, los tradicionales problemas de sobrepoblación, autogobierno, infraestructura carcelaria, violencia y ejecuciones, fugas, drogas, corrupción y penetración del crimen organizado, y la connivencia de servidores públicos, lejos de solucionarse se han agravado, “con o sin debido proceso”, por lo cual la crisis penitenciaria sigue prevaleciendo con el nuevo sistema de justicia penal.

IV. Nuevos programas de capacitación del personal del sistema de justicia penal. Ciertamente, se ha informado sobre los programas de capacitación del personal del sistema de justicia penal y de seguridad pública y sobre la gran cantidad de recursos económicos que se han empleado en dichos programas, tanto desde el ámbito de la desaparecida SETEC, como del SNSP, que rebasan varios miles de millones de pesos. Sin embargo, los resultados de la capacitación han sido casi nulos, lo que ha repercutido negativamente en la forma de funcionar del nuevo sistema de justicia penal, siendo el sector de la policía el que se ha visto menos favorecido, y el que padece la mayor descalificación; pero también los agentes del Ministerio Público, que por esa falta de capacitación optan por no judicializar los asuntos, y los propios jueces de control, ante las nuevas exigencias de salvaguardar los derechos de inculpados y víctimas del delito.

V. Renovación del marco normativo en materia de justicia penal. Aun cuando la reforma constitucional en materia de justicia penal apenas tiene 10 años de haberse promulgado y publicado, y el CNPP que desarrolla dichas bases data apenas de 2014, es claro que desde sus inicios fueron objeto de cuestionamientos, tanto por no ajustarse cabalmente a las exigencias del Estado Democrático de Derecho como por no responder a las realidades y las necesidades nacionales. De ahí que, a la fecha, ambos ordenamientos ya han sido objeto de importantes reformas, y, no obstante, su aplicación práctica muestra la necesidad de una revisión y una actualización más a fondo.

 

Tercer eje: Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 

I. Revisión integral de los fundamentos, alcances y funcionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Como es sabido, el actual Sistema Nacional de Seguridad Pública fue establecido hace ya 22 años; tiene su base constitucional (artículo 21) y su propia ley, donde se señalan sus fundamentos, sus objetivos y las acciones y los programas para alcanzarlos, así como las instituciones y los órdenes de gobierno que lo conforman. Pero es evidente que después de ese tiempo el problema de la inseguridad pública, provocado principalmente por el fenómeno delictivo, no sólo no se ha podido contener, sino que se agravado de manera alarmante, como lo muestran los altos índices de criminalidad, sobre todo de la más violenta: secuestros, homicidios, desaparición forzada de personas, entre otros, y la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones. Lo anterior pone en entredicho las actuales estrategias gubernamentales en materia de seguridad pública y, por ende, plantea la necesidad de su revisión a fondo y de manera integral, así como la necesidad de buscar mejores alternativas.

II. Reconstrucción del SNSP. Reformar la base constitucional del actual SNSP para precisar los nuevos objetivos y las nuevas estrategias y programas, a partir de una visión sistémica integral del mismo.

II. Reforzar la profesionalización del policía. En relación con el personal del sistema de seguridad pública, puede decirse que los resultados de su capacitación, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, han sido muy escasos, lo que ha repercutido negativamente en el funcionamiento del SNSP.

 

El texto completo de este documento puede consultarse en http://www.cepolcrim.com.

 

Académicos y miembros de la sociedad civil que participaron en la integración de la agenda

En el plano nacional se contó con la participación de Moisés Moreno Hernández (coordinador y responsable del documento), Sergio García Ramírez, Antonio Lozano Gracia, Fernando Gómez Mont Urueta, Ignacio Morales Lechuga, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Isabel Miranda de Wallace, María Elena Leguízamo Ferrer, Samuel González Ruiz, Patricia Olamendi Torres, Luis Fernández Doblado, Arturo Chávez Chávez, Raúl González Salas Campos, Estuardo Mario Bermúdez Molina, Rodolfo Félix Cárdenas, Ernesto Mendieta Jiménez, Francisco Galván González, Sergio Correa García, Gabriel Sarmiento Robles, Miguel Ontiveros Alonso, Alicia Azzolini, Jorge Nader Kuri, Raúl Plascencia Villanueva, José Héctor Carreón Herrera, Fred Álvarez Palafox, Luis Rodríguez Manzanera, Luis Armando González Plascencia, Arturo Ancona García López, Ricardo Gluyas Millán, José de Jesús Naveja Macías, José Barragán Barragán, Miguel Ángel Aguilar López, Jorge Ojeda Velázquez, Ruth Villanueva Castilleja, Antonio Sánchez Galindo, José Mussi Nahmias, Alejandro González Gómez, Héctor Cantú Lagunas, María Eloísa Quintero, Tomás Ramírez Santamaría, Jesús Corrales Hernández, Macedonio Vázquez Castro, Herlinda E. Rubio Hernández, Maximiliano Hernández Cuevas, Rogelio Hernández López, Guadalupe Valdés Osorio, Roberto Hernández Martínez, Pablo Cabañas Díaz, Jorge Meléndez Preciado, Rubén Pérez Sánchez, Juan José Olea Valencia, Julio César Berthely Noguera, César Prieto Palma, Julio César Guillén Bonifaz, Ibett Estrada Gazga, Emma Mendoza Bremauntz, José Manuel Cruz Hoyos, Rafael Álvarez Caborno, Raúl García Reimbert, Juventino Sánchez Gaytán, Andric Roberto Núñez Trejo, Fernando Ventura Moussong, Florencio Madariaga Granados, así como del autor de este artículo, Juan Moreno Sánchez.

El documento también cuenta con aportaciones de destacados académicos internacionales, como Eugenio Raúl Zaffaroni, Bernd Schünemann, John A. E. Vervaele, Julio B. J. Maier, Carlos María Romeo Casabona, Wolfgang Schöne, Juan Luis Gómez Colomer, Francisco Muñoz Conde, Sandra Ramírez Montes, Edgardo Buscaglia, Elías Carranza, Ottavio Sferlazza, Luis Camilo Osorio Isaza, Fernando Velásquez Velásquez, Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Gloria Bernal Acevedo, Andrea Castaldo, Sergio Moccia, Juarez Tavares, Germán Aller, Antonio Cavaliere, y Jaime A. Lombana Villalba.

 


 

* Secretario general del CEPOLCRIM y profesor del INACIPE.

 

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