Argumentación jurídica, constitucionalismo y democracia

Argumentación jurídica, constitucionalismo y democracia

 

Con el propósito de lograr un diálogo intercultural sobre el Derecho, el Estado y la sociedad, en el que la argumentación jurídica sea un medio para disminuir las distintas injusticias regionales, la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica (RIAJ), integrada por abogadas y abogados de 12 países, realizó su primer seminario internacional a finales del año pasado, del cual ofrecemos una síntesis.

 

 

En la Escuela Libre del Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sedes del seminario, durante tres días se abordaron temas con metodologías de trabajo que propiciaron la participación de representantes de 12 países en un diálogo caracterizado por el pluralismo y la horizontalidad.

Josep Aguiló Regla dio inicio al seminario con la conferencia magistral “En defensa del Estado Constitucional de Derecho”. El académico español sostuvo que este modelo se encuentra en crisis y debe ser defendido, pues la cultura jurídica no lo ha dotado del valor necesario. En su charla se refirió al núcleo del constitucionalismo, subrayando los aspectos de jerarquía y rigidez de la Constitución y señalando que está sujeta a males potenciales (arbitrariedad, autoritarismo, despotismo y exclusión social), los cuales deben contrarrestarse con el reconocimiento de derechos. Destacó que la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos debe valorarse positivamente como una oportunidad para repensar y mejorar el orden jurídico, tarea en la cual la teoría del Derecho tiene un papel de primer orden al construir la racionalidad detrás de los órdenes constitucionales, por lo que, más allá de frivolidades, es necesario el esfuerzo de juristas con ideas claras sobre representación e independencia. Finalmente, planteó la necesidad de construir una cultura jurídica interna en la que la justicia se aborde con base en las diferentes exigencias y virtudes del Estado Constitucional de Derecho.

La primera mesa de debate giró en torno de la contribución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las democracias de América. Especial relevancia tuvo la delimitación conceptual del control de convencionalidad y su impacto en las jurisdicciones de origen. Se analizaron aspectos relacionados con las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana (Corte IIDH), la competencia de los tribunales de justicia y sus criterios de aplicación. Todo lo anterior se proyectó en la revisión que Magalí Miranda y Agustín Martín realizaron sobre el paradigmático caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, por medio del cual la Corte Suprema de la Nación de Argentina niega las facultades de la Corte IIDH para ordenar la revocación de sentencias nacionales, decisión que evidencia el reconocimiento de la corte nacional como órgano supremo. En su turno, Álvaro Contreras explicó las disposiciones ecuatorianas relacionadas con la atribución de competencias y la jerarquía que se reconoce a la jurisprudencia de la Corte IIDH. Finalmente, con la intervención de la ponente mexicana Mariana Díaz Figueroa, se evidenció la existencia de tensiones entre la jurisprudencia de la Corte IIDH y las jurisprudencias constitucionales de su país, en particular respecto de medidas de reparación.

En la segunda mesa de trabajo se hizo eco de la importancia que la noción de “justicia transicional” ha adquirido en los últimos años, especialmente a nivel latinoamericano. Una vez abordados los principales aspectos teóricos relacionados con la justicia transicional, se evaluaron distintos fenómenos locales designados usualmente bajo esta etiqueta. Mariclaire Acosta actuó como moderadora, mientras que Daniela Malpica, Jorge Peniche, Ricardo Silva y Camilo Blanco se desempeñaron en calidad de ponentes. En el panel se dijo que por lo general los procesos de justicia transicional son aplicados en aquellas poblaciones civiles que han experimentado graves violaciones a derechos humanos, en un marco de transición de conflictos armados (tanto nacionales como internacionales) o regímenes de facto. Sobre la base de que estas instancias se orientan a satisfacer estándares de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, se analizó el proceso de paz colombiano y el proceso de reparación mexicano. Las exposiciones incorporaron categorías claves: la compatibilidad constitucional, la independencia y la eficacia de las instituciones y la calificación de esa jurisdicción como “de excepción” u “ordinaria”, entre otras.

El ministro Eduardo Medina Mora y Marco Tulio Martinez Cossío presentaron la traducción al español de El Estado de Derecho de Tom Bingham, acompañados por Claudia Aguilar y Jorge Gaxiola, profesores de la Escuela Libre de Derecho, así como por Alejandro Cubí. El libro es un clásico que aborda un concepto que no es exclusivamente jurídico, sino también de interés social. Se precisó que el concepto “Estado de Derecho” se emplea con regularidad sin estar seguros de su significado y menos de sus alcances y consecuencias prácticas. Citando a Bingham, se señaló que “es muy difícil definir el Estado de Derecho, pero los ciudadanos saben perfectamente cuándo no hay”. Hoy existe un reclamo constante de la sociedad que considera que la consolidación del Estado de Derecho es la deuda más grande del poder político, por lo cual el libro es de lectura obligatoria.

El segundo día de actividades comenzó con una mesa de debate que se centró en una temática poco discutida, pero de creciente importancia: los derechos de los animales y el derecho del medio ambiente. Liliana Ávila, César Carvajal y César Nava plantearon aristas elementales, como los supuestos teóricos en cuya virtud puede reconocerse a los animales la calidad de titulares de derechos. Además, se analizaron los criterios usualmente empleados por los ordenamientos jurídicos en los que se encuentra el fundamento de las categorías que permiten o prohíben el tratamiento de los animales como sujetos de Derecho. Por otro lado, la ponente Rosa Linda Amezcúa invitó a reflexionar sobre el alcance del Derecho ambiental y los problemas que se desprenden de la implementación de una legislación estrictamente conservacionista.

En la siguiente mesa de análisis se planteó que la argumentación jurídica tendría un rol fundamental en las democracias constitucionales. Juan Antonio Cruz Parcero fue el encargado de conducir el diálogo entre Juan Abelardo Hernández Franco, Irina Graciela Cervantes Bravo, María de Jesús Medina Arellano y Paulina Capdevielle, cuyos argumentos —si bien desde distintos niveles de análisis— contribuyeron a una comprensión integral del fenómeno. Este panel, en particular, puso énfasis en la tensión que existe entre las decisiones mayoritarias y la protección de los derechos constitucionales. Asimismo, fueron presentados algunos problemas que surgen al momento de implementar controles de constitucionalidad y convencionalidad.

La tercera mesa del día, relativa a “justicia electoral”, fue moderada por Diego Valadés, quien planteó que desde el Derecho constitucional ha surgido una serie de disciplinas jurídicas con plena autonomía, como el Derecho electoral que ha tenido un “desarrollo extraordinario” por la necesidad de las democracias actuales de prestar especial atención a las regulaciones de los procesos electorales. En este sentido, la discusión entre Arianne León, Jacques Adrián Jacquez Flores, Leopoldo Gama y Javier Martín Reyes se extendió a materias relevantes, como el margen de discrecionalidad de los tribunales electorales, el rol de los principios en tanto criterios de corrección de las decisiones y, por último, el papel de la interpretación y la argumentación jurídica dentro de la justicia electoral.

El seminario tuvo un sello de pluralismo gracias a la gran variedad de perspectivas con las que se abordaron problemas comunes a las distintas culturas jurídicas en Iberoamérica. En este contexto se inscribió la conferencia magistral “Derecho, instituciones y déficit democrático”, de Roberto Gargarella, que generó inquietudes que permiten repensar esas problemáticas. Así, ante el déficit democrático de los sistemas constitucionales a la hora de resolver la tensión entre constitucionalismo y democracia, Gargarella propone tres interrogantes: ¿dónde reside el autogobierno?, ¿cómo desentrañarlo? y ¿cómo descubrir el significado de lo que quiere la gente? En estas tres preguntas, así como en las dificultades que se originan al intentar responderlas, reside la clave para entender la discusión acerca del constitucionalismo. Este debate se nutre de diferentes tesis sobre el lugar que ocupa la soberanía del pueblo en la reflexión constitucional y en la decisión de los asuntos públicos. Según la opinión de Roberto Gargarella, una opción atractiva para dar respuestas satisfactorias a estos planteamientos consistiría en un modelo de democracia deliberativa basada en dos pilares: la inclusión social y la discusión pública.

En el marco del seminario también se presentó el libro La filosofía moral de Hans Kelsen de José Antonio Sendín Mateós. Sobre la concepción de justicia de Hans Kelsen y la justificación de la democracia con base en la ética relativista, hablaron Leticia Bonifaz, Rafael Estrada Michel y Ariel Salanueva.

El último día del seminario comenzó con la presentación del libro Anteproyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de Violencia en el Deporte de Juan Manuel Guzmán Santoro. El penalista Rodolfo Félix Cárdenas presentó el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que propuso el autor en una iniciativa de ley que tenía por objeto eliminar la violencia en el deporte a partir de casos trágicos dentro de estadios de futbol en Ecuador. La propuesta es distribuir mejor la capacidad de cuidado del fenómeno criminológico en el deporte, ante el desajuste o el déficit en la interacción de los diferentes protagonistas: clubes, federaciones de deporte, propietarios de estadios, autoridades a cargo de la prevención de estos riesgos y autoridades judiciales. Esto se concretó en un sistema de prevención en el que se disocia la capacidad normativa de la capacidad de verificación, además de que se contemplan incentivos positivos para personas jurídicas y que la reacción penal punitiva sólo se justifique en caso de que se incumpla con las medidas de prevención.

La primera mesa de análisis del día fue Activismo, decisiones relevantes y acceso a la justicia” y estuvo moderada por Miguel Bonilla. El principal desafío fue explicar la noción de “activismo judicial”. Los ponentes Ileana Moreno, Karina Ansolabehere, Jeffrey Gonzaga y Santiago León discutieron sobre las nociones positivas y negativas asociadas al “activismo judicial”, precisando que el temor no es al “juez activista”, sino al “juez malo”, entendido como arbitrario, complicado y frívolo. Hubo acuerdo respecto de que el término activismo normalmente se utiliza en contraposición al concepto de autorrestricción del juez, lo cual significa que el juzgador activista entiende que sus atribuciones pueden extenderse hasta los límites trazados por el marco legal y constitucional, mientras que el juzgador que se autorrestringe realiza una interpretación de las normas jurídicas en términos de “mínimos”. Asimismo, se hizo alusión al origen de esta noción en Estados Unidos, donde está cargada de una valoración negativa, diferente a la forma como se concibe en Latinoamérica con el proceso de constitucionalización y el papel de los tribunales constitucionales. Finalmente, en la mesa se planteó que la dimensión valorativa del Derecho implica ampliar los límites de las reglas y, por tanto, representa un mayor desafío argumentativo y deliberativo.

En la mesa de análisis “Género y justicia: la argumentación como medio de inclusión”, el debate se originó a partir de dos preguntas: ¿la argumentación jurídica con perspectiva de género puede ser considerada como un caso especial? y ¿cuáles son los criterios de corrección? El moderador, Roberto Lara Chagoyán, afirmó que la desigualdad es una deuda pendiente que recae en los jueces. Paola Francisca Aburto sostuvo que la argumentación jurídica con perspectiva de género es un caso especial y que el género ocupa un papel relevante en la creación y la aplicación del Derecho, porque la ejecución estricta de las normas puede ser injusta si no es guiada por parámetros de valoración que consideren la posición de la mujer y su contexto. Sandra Serrano señaló que podría afirmarse que no es un caso especial, pues argumentar con perspectiva de género implica valerse de las mismas herramientas, aunque también se puede afirmar que sí, cuando se consideran las relaciones asimétricas de poder por razón de género. Subrayó que la inclusión de la perspectiva de género se traduce en la aplicación del derecho a la igualdad como principio, por lo que resulta importante saber quién es la persona al valorar los hechos en un juicio e identificar patrones de discriminación. Por último, Ramsés Montoya afirmó que la argumentación jurídica con perspectiva de género sí es un caso especial y tiene pretensión de corrección, y que asumir una posición distinta puede llevar a que, por ejemplo, casos de feminicidios queden impunes. Precisó que en este tipo de casos es muy difícil pedir certidumbre en el razonamiento probatorio y, por lo tanto, debería verificarse si una hipótesis tiene un grado de verdad y construir conclusiones apoyándose en la probabilidad, razonar mediante la abducción y emplear razones materiales como hace la antropología.

La conferencia magistral de cierre, “Las peculiaridades de la argumentación con derechos humanos”, fue dictada por Francisco Javier Ezquiaga, quien precisó que las cláusulas constitucionales de apertura al Derecho internacional de los derechos humanos tienen un alcance, una naturaleza y un manejo complejos y es posible identificar metadirectivas que orientan la elección de los diferentes significados posibles de los enunciados normativos. Por otra parte, incorporar estas cláusulas en la Constitución requiere que la norma reguladora de cada derecho sea resultado de la interpretación sistemática, armónica o conjunta de los enunciados constitucionales con los enunciados de los tratados. Finalmente, las cláusulas de interpretación conforme con la Constitución y los tratados internacionales ordenan buscar la compatibilidad entre sí, pero sin que el órgano jurisdiccional sustituya al legislador. Por estas particularidades, afirmó Francisco Javier Ezquiaga, las cláusulas no pueden manejarse con los recursos argumentativos habituales o con la motivación, lo que implica una formación diferente de todos los profesionales del Derecho, y particularmente de los jueces, principales garantes de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

La siguiente edición del seminario se llevará a cabo en Ecuador en 2019. Las actividades de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica se pueden seguir en Twitter: @red_ibero, Facebook: Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica @rediberoamericanaaj, e Instagram: @rediberoamericanaaj.

 

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