Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro

Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro

Los acuerdos de elección de foro establecen que los tribunales de un país seleccionado serán quienes resuelvan cualquier controversia que pudiera surgir entre partes contractuales, con el fin de dar certeza respecto del foro en que se deben dirimir. Tras dos décadas de investigación, preparación y negociación con el patrocinio de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, en junio de 2005 se creó el Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro (Convenio de La Haya).

El arbitraje comercial internacional se ha convertido en una alternativa utilizada frecuentemente para la resolución de controversias transfronterizas y en una herramienta para incentivar la continuidad en el flujo de capital global que permite a las partes que intervienen en transacciones globales el acceso a un foro mutuamente seleccionado cuando surgen controversias entre ellas.

Sin embargo, existen casos en que puede resultar más conveniente la jurisdicción estatal para la resolución de controversias entre partes de diferentes nacionalidades. Dos años después de su celebración —en junio de 2005—, el Convenio de La Haya fue ratificado por México. Tras una década de ineficacia, dada la ratificación exclusivamente de nuestro país, la presidencia letona de la Unión Europea (UE) depositó un instrumento de ratificación en nombre de 28 miembros de la UE.1 Como resultado de estas adhesiones, el convenio entró en vigor el 1° de octubre de 2015.2

El propósito del Convenio de La Haya es que, en aquellos casos en que las partes han pactado resolver sus controversias comerciales en un tribunal nacional específico, tal acuerdo será ejecutable en todos los Estados signatarios.3 Para ello establece que los otros países signatarios deberán abstenerse de declarar jurisdicción sobre el asunto4 y reconocer la resolución que emita el tribunal elegido.5

El objetivo a largo plazo es la creación de un régimen legal internacional para acuerdos de elección de foro, similar a aquel establecido para acuerdos de arbitraje por la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York).

La consecución de ese objetivo será un importante paso para facilitar la ejecución de las sentencias judiciales en un plano internacional, tal como sucede en la actualidad con los laudos arbitrales.

Acuerdos de elección de foro en general

Los acuerdos de elección de foro establecen que los tribunales de un país seleccionado serán quienes resuelvan cualquier controversia que pudiera surgir entre partes contractuales, con el fin de dar certeza respecto del foro en que se deben dirimir.

Esa certidumbre trae consigo beneficios significativos. “El derecho de litigar en un foro u otro tiene un valor económico que las partes pueden estimar con precisión razonable”,6 por lo que las partes a menudo prefieren asignar esos costos por la vía contractual, lo que es especialmente importante en el caso de transacciones entre partes de diferentes Estados.

A nivel global existen muchas cláusulas de elección de foro, pero en general pueden ser clasificadas como “un acuerdo que permita litigar en uno o varios foros elegidos” o “un acuerdo para sólo litigar en uno o varios foros expresamente señalados”.

Aun cuando en cada Estado existen reglas especiales, en la mayoría de los países alrededor del mundo las cláusulas de elección de foro son prima facie válidas y ejecutables, salvo que la parte que se oponga demuestre que la elección es irrazonable bajo las circunstancias o nula.7 Esa postura es acorde con el concepto general de libertad de contrato mundialmente reconocida en materia mercantil y ayuda al flujo libre de bienes y servicios.

Naturaleza del Convenio de La Haya

Tal como se establece en el Memorando Explicativo de la Comisión Europea del 30 de enero de 2014, el Convenio de La Haya está “diseñado para ofrecer mayor certidumbre legal y predictibilidad para las partes involucradas en acuerdos de negocios y litigio internacional al crear un mecanismo opcional mundial para la resolución de disputas internacionales alternativo al sistema de arbitraje actual”.8

Al igual que el sistema de arbitraje creado por la Convención de Nueva York, el Convenio de La Haya se limita a asuntos comerciales y civiles9 y sólo es aplicable cuando las partes contractuales hayan seleccionado definitivamente un foro para resolver sus controversias.10 Por lo tanto, los acuerdos de elección de foro no exclusivos no encuadran en este ámbito.

Mientras la Convención de Nueva York requiere que la elección de foro arbitral conste por escrito,11 el Convenio de La Haya requiere que conste por escrito o por cualquier otro medio que pueda hacer accesible la información para su ulterior consulta.12

Para fortalecer la elección jurisdiccional el convenio fija tres requisitos para los Estados signatarios:13

- Los tribunales de un Estado signatario especificado en el contrato deberán conocer del caso cuando el juicio se promueva ante ellos.14 Los jueces de los Estados signatarios no podrán declararse incompetentes sobre la base de forum non conveniens si esa declaración contradice el acuerdo de las partes.

-Los tribunales en otros Estados signatarios deberán rehusarse a atender un caso si no han sido seleccionados en un acuerdo de elección de foro válido.15

-La decisión del tribunal seleccionado será reconocida y ejecutada por los tribunales de otros Estados que hayan firmado y ratificado el convenio.16

El Convenio de La Haya pretende adoptar una presunción interpretativa hacia la exclusividad de una elección de foro específica. En particular, considera exclusivos todos los acuerdos de elección de foro salvo que se declare expresamente como no exclusivo por las partes.17 Así como la Convención de Nueva York, el Convenio de La Haya tiene como objetivo crear un conjunto de reglas armónicas para gobernar elecciones de foro transfronterizas y la ejecución extraterritorial de sentencias.

Aplicación del convenio para las partes involucradas en una transacción

El impacto inmediato del convenio no estará limitado a partes provenientes de los 28 Estados signatarios. Cualquier parte que elija que sus disputas sean resueltas por los tribunales de un Estado signatario, sea o no residente de ese Estado, podrá aprovechar las ventajas del convenio y obtener certidumbre en su selección jurisdiccional.

Es posible considerar que, como ocurre con convenios internacionales de tal transcendencia, el Convenio de La Haya será suscrito y ratificado cada vez por un mayor número de Estados, lo que dará lugar a la paridad entre las alternativas judicial y arbitral para la resolución de controversias transfronterizas.

Notas

*  Especialista en litigio y arbitraje internacional. Es socio de Jones Day. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

**  Especialista en litigio y arbitraje internacional. Es socio de Jones Day. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

1 David Waldron Audrey Dwyer y Adam Wallin, “Hague Convention Choice of Court Agreements to Take Effect in October”, Lexology, 13 de julio de 2015.

2 Además de México y la UE, el convenio entrará en vigor para Singapur el 1° de octubre de 2016.

3 “Hague Convention on Choice of Court Agreements”, art. 8(1), 30 de junio de 2005 [en adelante “Hague Convention”].

4 Ibid., art. 6.

5 Ibid., art. 8(2).

6 Patrick J. Borchers, “Forum Selection Agreements in the Federal Courts After Carnival Cruise: A Proposal for Congressional Reform”, 67 Washington Law Review 55, 57 (1992).

7 “Hague Convention”, art. 15.

8 “Proposal for a Council Decision on the Approval, on Behalf of the European Union, of the Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements”, European Common, 30 de enero de 2014.

9 “Hague Convention”, art. 1(1). Excluye controversias relacionadas con contratos laborales y protección al consumidor, la mayoría de los asuntos familiares, asuntos de insolvencia, reclamos de lesiones personales promovidos por personas físicas y algunos contratos de seguros.

10 Idem.

11 “United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, art. 2(1), 10 de junio de 1958, 21 U.S.T. 2517.

12 “Hague Convention”, art. 3(c).

13 Estas tres observaciones fueron notadas por Stefan Falge, Helena Franceschi y Daniel H. R. Laguardia, The Hague Convention on Choice and Court Agreements. A Discussion of Foreign and Domestic Points, 80 U.SL.W. 1803 (26 de junio de 2012).

14 “Hague Convention”, art. 5(2).

15 Ibid., art. 6.

15 Esa obligación se regula en el artículo 9 del Convenio de La Haya, de acuerdo con el cual el reconocimiento puede ser rechazado cuando: a) el acuerdo sea nulo en virtud de la ley del Estado del tribunal elegido, salvo que el mismo tribunal haya constatado que el acuerdo es válido; b) una de las partes carezca de capacidad para celebrar el acuerdo en virtud de la ley del Estado requerido; c) el documento con el que se inició el procedimiento u otro documento equivalente, que contenga los elementos esenciales de la demanda, i) no sea notificado al demandado con tiempo suficiente y de forma tal que le permita preparar su defensa, salvo que el demandado haya comparecido ante el tribunal de origen para proceder a su defensa sin impugnar la notificación, siempre que la ley del Estado de origen permita que las notificaciones sean impugnadas, o ii) sea notificado al demandado en el Estado requerido de manera incompatible con los principios fundamentales sobre notificación de documentos de ese Estado; d) la resolución sea consecuencia de un fraude en relación con el procedimiento; e) el reconocimiento o la ejecución fueren manifiestamente contrarios al orden público del Estado requerido, en particular si el procedimiento concreto que condujo a la resolución fue incompatible con los principios fundamentales de equidad procesal de ese Estado; f) la resolución es incompatible con otra resolución dictada en el Estado requerido en un litigio entre las mismas partes, o g) la resolución es incompatible con una resolución previamente dictada en otro Estado en un litigio entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa, siempre que la resolución previamente dictada cumpla con las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. Ibid., art. 9.

16 Ibid., art. 3(b).

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