Diálogos sobre la implementación del sistema acusatorio

Diálogos sobre la implementación del sistema acusatorio
En el marco del Tercer Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas “Diálogos sobre la implementación del sistema acusatorio en la República mexicana”, realizado a principios del mes de enero en la Escuela Libre de Derecho, diversos especialistas reflexionaron en torno a los temas centrales de la implementación del sistema acusatorio y destacaron la importancia de las clínicas universitarias como herramienta para la adquisición de las destrezas que demanda el nuevo sistema.

 

La Iniciativa para el Estado de Derecho de la American Bar Association (ABA ROLI México), en colaboración con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Escuela Libre de Derecho, el Poder Judicial de la Federación y las procuradurías de Justicia de Chihuahua y del Estado de México, llevaron a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Clínicas Jurídicas “Diálogos sobre la implementación del sistema acusatorio en la República mexicana”, que tuvo como sede el Auditorio Luis Méndez de la Escuela Libre de Derecho.

El acto inaugural estuvo a cargo de Alonso González Villalobos, director de ABA ROLI México y contó con la presencia de Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez, rector de la Escuela Libre de Derecho, quien felicitó y reconoció la labor de las clínicas universitarias, pues consideró que la actualización y el estudio de la reforma penal será de gran beneficio para México.

El encuentro contribuyó al enriquecimiento del diálogo entre los integrantes de las clínicas y las autoridades federales y locales. Contó con la asidua participación de los operadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Mexicali, la Universidad Anáhuac Norte, la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, la Universidad La Salle Pachuca, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que expresaron sus reflexiones, sus inquietudes y sus propuestas.

La jornada de tres días inició con la participación de Alejandro Alberto Díaz Cruz, juez de distrito especializado en el nuevo proceso penal acusatorio, quien habló de los avances y los retos de la implementación en el ámbito federal. Destacó que aún faltan ocho estados por sumarse al nuevo sistema y aclaró que Baja California, Jalisco, Sonora y Tamaulipas se dejaron al final por cuestiones estratégicas, ya que representan un mayor índice en materia de criminalidad; por ese motivo se optó por aprovechar todo el conocimiento y las experiencias generadas en otras entidades.

Precisó que la implementación total tendrá lugar antes del 18 de junio de 2016; no obstante, aclaró que la consolidación del nuevo sistema está proyectada para diciembre de 2018. Durante su intervención, Díaz Cruz también explicó los procesos de selección de jueces de distrito y de personal operativo, así como las principales líneas de acción referentes a la capacitación de los servidores públicos.

Ruth Zenteno López, directora de Indicadores en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, inició su intervención contextualizando los antecedentes y la importancia del sistema acusatorio, y aseguró que la procuraduría trabaja en diversos protocolos, además de que genera guías dirigidas a los agentes del Ministerio Público para que apliquen las mejores prácticas nacionales e internacionales. También explicó que la PGR está adaptando el modelo de las unidades de atención inmediata, en que el agente del ministerio Público orienta desde la primera instancia a la víctima, con el fin de no revictimizarla y mediante una entrevista de evaluación obtiene un planteamiento y un parámetro objetivo del riesgo en el que se encuentra la persona.

Por su parte, Karla Karelly Villanueva Escamilla, fiscal coordinadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, explicó el funcionamiento y la importancia de cada uno de dichos mecanismos. Refirió que la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, expedida el 29 de diciembre de 2014, impactó en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Federal de Procedimientos Penales y añadió que dichas modificaciones coadyuvarán en el sistema tradicional y en el acusatorio.

Todas las procuradurías de justicia o fiscalías del país tienen la obligación de contar con un órgano especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia que deberá difundir de manera homogénea la cultura de la paz y la forma de acceder a dichos mecanismos con el propósito de aumentar la cohesión y la participación social.

Héctor Díaz Santana, director general de la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, señaló que cuentan con un proyecto muy ambicioso para capacitar a 330,000 policías municipales, todos con el mismo manual, los mismos protocolos y los mismos informes. Destacó que su principal objetivo es llegar a la profesionalización de la actividad policial y resaltó que el sistema acusatorio busca probar la verdad jurídica de los hechos, bajo un esquema de investigación científica.

Mencionó que la voluntad política es fundamental para que un Estado tenga un cambio institucional eficiente e indicó que se trata de una transformación individual, social, instrumental e integral, de carácter transversal. Y añadió que no se hizo una planeación estructurada. Como se dieron ocho años de plazo para la implementación, todo se dejó al final, y a seis meses de la reforma a nivel federal sólo seis estados han concluido su proceso: Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Durango y Yucatán, mientras que Sonora ha sido la entidad más rezagada.

Durante su intervención, Miguel Sarre manifestó su postura en torno de la ejecución de la prisión cautelar y de la pena en el nuevo sistema de justicia penal. Aclaró que la ejecución penal empieza desde que la persona es privada de su libertad e internada por orden judicial, en virtud de que se ha impuesto una medida cautelar de prisión preventiva; poco importa cómo llegó ahí. E instó a analizar el tema bajo una perspectiva de derechos humanos.

Otros temas que se abordaron versaron en torno de las decisiones más relevantes que ha tomado Chihuahua bajo el nuevo sistema de justicia penal: acerca de la importancia del manejo adecuado de la cadena de custodia y de la justicia para adolescentes y la visita a las audiencias en los juzgados penales del Estado de México.

Por su parte, en entrevista para El Mundo del Abogado Ana Martínez Naquid, estudiante de la licenciatura en ciencia forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que allí apenas está iniciando el proyecto de la clínica en ciencia forense, cuyo propósito es que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos en casos reales, además de brindar asesoría a estudiantes de Derecho. Consideró que el Tercer Encuentro Nacional de Clínicas fue un espacio en el que se logró establecer un diálogo entre abogados y científicos, y resaltó la importancia de estrechar lazos y compartir conocimientos e indicó que el uso de la ciencia permite que la teoría del caso esté fortalecida pues es un pilar importante en la investigación del delito.

Por su lado, Amairany Villasana Orozco, integrante de la Clínica de Justicia Penal de la Universidad Autónoma de Baja California, manifestó su orgullo de pertenecer a un proyecto tan loable, pues constituye un método de auxilio para brindar una defensa técnica y adecuada a los imputados de un delito. Reconoció la labor de la Facultad de Derecho, campus Mexicali, de ABA ROLI y de la USAID.

En su oportunidad, José Armando Alonso González, director de la Clínica de Justicia Penal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó la importancia de la continua capacitación que brinda ABA ROLI. Mencionó que la clínica tiene una importancia preponderante, ya que brinda asesoría legal completa y, mediante un estudio, analiza el caso desde la investigación hasta el juicio. Afirmó que Chihuahua tiene ocho años implementando el sistema acusatorio, cuyo avance ha sido el más relevante a nivel nacional.

El Proyecto de Clínicas Universitarias de Justicia Penal bajo el Sistema Acusatorio se ha consolidado como una herramienta pedagógica adicional para facilitar el proceso de adquisición de las destrezas necesarias para ejercer dentro del sistema y contribuir en la función social de apoyo a los más desfavorecidos.

A pesar de brindar servicios de asistencia social, el principal objetivo que persiguen estas clínicas es el aprendizaje legal de los alumnos de Derecho. Por ese motivo, los casos que se eligen sirven para que los estudiantes desarrollen sus capacidades en materia penal. El aprendizaje obtenido se refleja en la forma de representar a los clientes; de realizar una teoría del caso, de investigar, de formular interrogatorios y contrainterrogatorios, y de desarrollar criterios y tomar decisiones frente a situaciones concretas.

Las clínicas están conformadas por un director —puede ser un profesor o un abogado litigante— que asesora y guía en todo momento a los estudiantes. Es él quien representa a los clientes ante las autoridades, mientras que los alumnos brindan asesorías al público y colaboraran en la representación de los casos. Trabajan con un máximo de cuatro alumnos por asesor y de tres casos por alumno, para efectos de un aprendizaje eficaz. Para mayor información, el lector puede consultar: http://abaroli.mx/clinicas/.

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