El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

 

El Ilustre Colegio Abogados de Madrid es considerado el más grande del continente europeo, pues el número de sus agremiados asciende a 77,000. Tiene un amplio abolengo, es una de las instituciones más serias y transparentes de España y su origen se encuentra registrado en la real cédula que emitió Felipe II el 15 de junio de 1596.

 

 

Con la herencia de grandes civilizaciones como la griega, la fenicia, la musulmana, o la visigoda, España, que ha conjuntado la democracia parlamentaria con la monarquía constitucional, es un referente cultural, gastronómico, arquitectónico, así como político, social y jurídico.

En un sistema político y democrático en el que se cuenta con la figura de un monarca, cobra relevancia la función y la responsabilidad de los juristas, que en el caso del país ibérico cuenta con una larga tradición que data de la Baja Edad Media.

Sin embargo, el ordenamiento de los abogados y los procuradores auspiciado por los Reyes Católicos se remonta a 1495, fecha desde la cual se ha podido constatar el papel de los abogados como un bastión de la regularización del gremio jurídico.

Con la dinastía de los borbones, en la época de Carlos III, se pudo observar el sentido social del colegio a través de la creación del Montepío, el cual ofreció importantes prestaciones, como pensión de viudez, atención a enfermedades y servicios en casos de fallecimiento. Carlos III, por su parte, llevó a cabo una muy importante tarea de promoción, protección y fundación de nuevos colegios de abogados, entre ellos el de México en 1760.

En sus estatutos queda constatado su espíritu, a pesar del paso de las guerras y, en particular, del flagelo que provocó la Guerra Civil. El Colegio de Abogados de Madrid es un referente para la democracia. Dignamente lleva a cabo los servicios de atención a la abogacía y a sus libertades, así como los correspondientes a las propias funciones de la profesión.

En 1835 se estableció que en España los abogados interesados en ejercer la profesión debían incorporarse a un colegio. Este requisito garantizaría que la abogacía se desarrollara en un régimen corporativo para mejorar el cumplimiento de sus fines. Y en 1870 se fijaron las condiciones necesarias para la creación de nuevos colegios de abogados.

Con pasos firmes resguardó el ejercicio de la profesión y en 1974 logró la aprobación de la Ley de Colegios Profesionales, a los que definió como corporaciones de Derecho público, amparados por la ley y reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Entre sus objetivos esenciales destaca la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de consumidores y usuarios de los servicios, todo lo anterior sin perjuicio de la competencia de la administración pública.

Esto también se ratifica en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual advierte que la colegiación de abogados y procuradores será obligatoria para actuar frente a los juzgados y los tribunales en los términos previstos en la ley y en la legislación general sobre los colegios profesionales, así como en el Código Penal, que impone una sanción que va desde una multa hasta un arresto por ejercer la profesión sin la debida inscripción en un colegio oficial.

Por su parte, la Constitución de 1978, en su artículo 36, estipuló que “la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas”. Asimismo, dispone que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos.

Cuando se firmó el Tratado de Adhesión a la Unión Europea se instituyó que cualquier abogado con título profesional de su país de origen podría ejercer en España, siempre y cuando solicitara su inscripción al Colegio de Abogados.

Los miembros de la asociación son testigos fehacientes de la importancia que tiene la colegiación obligatoria en España, la cual, desde su origen, ha garantizado la responsabilidad profesional y ética de los abogados en la prestación de servicios jurídicos, así como la independencia de sus colegiados.

De manera ininterrumpida defiende los intereses de los ciudadanos, participa activamente en controversias jurídicas y en la elaboración de leyes, ampara a sus colegiados cuando su ejercicio profesional se ve afectado ilegítimamente y, sobre todo, pugna por la construcción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En materia de equidad de género también se coloca a la vanguardia. En 2012 Sonia Gumpert Melgosa fue electa como la primera mujer en ocupar el cargo de decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se distinguió por tener una exitosa gestión que buscó la modernización a través del Colegio 3.0 y de la biblioteca digital.

En 2015 viajó a México para pronunciar, en audiencias públicas ante el Senado, su postura sobre el fomento a la calidad de los servicios profesionales del Derecho. Este gesto marcó el absoluto respaldo que le tiene la abogacía española a la mexicana para consolidar la obligatoriedad en la colegiación.

El reino de España le dio un importante legado al pueblo mexicano el cual, a través de la conquista, adoptó y adaptó costumbres y tradiciones. En el ámbito del Derecho instituyó el sistema romano germánico a través del ius commune, que fue implementado en la Nueva España.

En 1760 el rey Carlos III, mediante una real cédula, aprobó los estatutos que dieron origen al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, primera agrupación de abogados del continente americano que tuvo como inspiración los ideales y los propósitos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que se incorporó por filiación. La relación intercolegial más antigua del Colegio de Abogados de México es, precisamente, con el de Madrid.

Con el paso del tiempo, y después de diversas adecuaciones, evolucionó hasta convertirse, por decreto del Congreso Nacional, en el que actualmente conocemos como Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Madrid se puede vanagloriar de contar con un organismo con altos estándares de calidad, transparente en su acción y democrático en su comportamiento. Su presupuesto asciende a más de 25 millones de euros.

Entre sus fines destaca el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad; colaborar con las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y en el funcionamiento, la promoción y la mejora de la administración de justicia, así como promover y defender de los derechos humanos.

En España y en Europa en general el uso de las togas y las insignias se mantiene como un signo distintivo de la abogacía; sin embargo, es necesario aclarar que las puñetas la llevan los magistrados, quienes pueden usar cualquier diseño siempre y cuando se utilice un tono blanco o beige, y los miembros de las juntas de gobierno de los colegios de abogados. En México, desde 1772 se concedió como privilegio particular a la abogacía mexicana el uso de puñetas en sus togas, no sólo a magistrados y miembros de la junta menor del colegio.

En mayo de 2015 lo miembros de la asociación colgaron sus togas en la fachada del colegio en forma de protesta para reivindicar la justicia gratuita y digna en la entidad.

El Colegio de Abogados de Madrid otorga una serie de distinciones y premios emitidos por la Junta de Gobierno a las personas que hayan realizado servicios relevantes en favor del colegio o de la abogacía en general, así como a quienes cuenten con una antigüedad superior a 50 años de servicio; por ejemplo, la Medalla de Honor y la Membresía de Honor.

 

Consejo General de la Abogacía Española

Es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 colegios de abogados de España y tiene como objetivo vigilar la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos, así como trabajar para alcanzar una justicia más ágil, moderna y eficaz.

Se rige por los valores de independencia, secreto profesional, credibilidad, confianza, solidez y formación. Tiene una estructura formada por tres órganos rectores: el pleno, la comisión permanente y el presidente.

El Consejo General de la Abogacía Española concede la condecoración al mérito en servicio de la abogacía a quienes hayan prestado servicios realmente relevantes a la abogacía española, una distinción de gran importancia en el mundo del abogado.

 

Fuentes

  • Cruz Barney, Óscar, “La toga en el ejercicio de la abogacía”, Hechos y Derechos, núm. 26, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, marzo-abril de 2015, en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/26/art31.htm.
  • ———, “Abogacía: una aproximación a sus organismos internacionales, condecoraciones y distinciones”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 21-22, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, enero-diciembre de 2013.
  • https://web.icam.es/.
  • https://www.abogacia.es/.
  • https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3086/7.pdf.
  • https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich...Colegios_Profesionales.pdf.
  • https://elpais.com/ccaa/2015/05/20/madrid/1432130193_256882.html.

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado