El ius puniendi y la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz

El ius puniendi y la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz

 

Con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, que se conmemora el 22 de abril del año en curso, el autor, originario de esa ciudad, aborda desde un punto vista jurídico-penal una de las aristas poco exploradas sobre la constitución del ayuntamiento y cabildo más antiguos de México y la América continental.1

 

La fundación de la ciudad y puerto de Veracruz hace cinco siglos años ratifica el impacto del Derecho penal en los procesos de evolución e involución social. En este tenor ubicamos al ayuntamiento más antiguo de la América continental, cuyo cabildo fue constituido —en nombre y bajo la autoridad de sus majestades los reyes Juana (la Loca) y su hijo Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico— tras el desembarco de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano en los arenales de chalchihuecan (vocablo que alude a la “diosa indígena del agua”, Chalchiuhtlicue), el 22 de abril de 1519.

Sin lugar a dudas, la fundación de este ayuntamiento resultó un magistral acto jurídico a través del cual el capitán extremeño se posicionó como el gran conquistador de México. Cortés era un hidalgo que en su juventud había cursado algunos estudios de leyes, conocimientos que afianzó al haber trabajado con un escribano en Valladolid. Su espíritu aventurero lo embarcó hacia el Nuevo Mundo, participando en 1511 en la expedición de conquista de Cuba, a cargo de Diego de Velázquez. Las ambiciones concomitantes de ambos personajes hicieron desde siempre su relación muy tensa, como lo evidencia el hecho de que Cortés, designado alcalde de Santiago de Cuba por el propio De Velázquez, a la sazón gobernador de la isla, fue mandado a encarcelar por este mismo.

Realizadas las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba (descubridor de Yucatán) y de Juan de Grijalva (hacia las costas yucatecas), a finales de 1518, De Velázquez encomendó al extremeño el mando de una tercera expedición hacia tierra firme, cuyos propósitos eran la búsqueda de náufragos, el rescate de cautivos, comerciar y, claro está, continuar descubriendo las nuevas tierras, pero nunca fundar asentamientos. Daba la desconfianza que el gobernador de Cuba mantenía hacia Cortés, canceló la empresa; a pesar de ello, este último decidió emprender el viaje, zarpando clandestinamente, en febrero de 1519, con 11 barcos y poco más de 600 hombres.

A la luz del ius puniendi, la desobediencia del capitán extremeño encuadraba en un delito de lesa majestad que, juzgado a través de un proceso de corte inquisitorial (en el más puro sentido de dicha expresión), hubiese sido sancionado con pena capital. Cabe recordar que el Derecho penal español de aquella época era muy discrecional y sus punibilidades se agravaban en función de los estamentos sociales. Consciente de esta situación, el conquistador español costeó el litoral del Golfo de México; iniciada la aventura, en su tripulación se formaron dos bandos: los que lo apoyaban y los que seguían siendo leales al gobernador de Cuba (más que nada, temerosos de sus represalias).

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