El Senado analiza el avance de las reformas estructurales

El Senado analiza el avance de las reformas estructurales

 

Del 7 al 16 de agosto el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, cumpliendo con su labor de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, la agenda legislativa y en torno de temas de coyuntura, llevó a cabo la serie de foros “Balance de las reformas estructurales: del pacto a la acción”.

 

 

El objetivo de los foros “Balance de las reformas estructurales: del pacto a la acción” fue analizar los avances en la implementación de las 11 reformas y valorar los resultados generados desde su aprobación, con el fin de contribuir a la deliberación, la toma de decisiones legislativas y la definición del proyecto nacional.

En el auditorio Octavio Paz del Senado de la República se dieron cita legisladores, especialistas de instituciones públicas y privadas, investigadores del IBD y académicos, quienes brindaron un diagnóstico objetivo, técnico y académico sobre las reformas y sus resultados.

En seis días se establecieron 12 mesas, en las que se examinaron las reformas de transparencia, financiera, hacendaria, telecomunicaciones y competencia económica, energética, penal, político-electoral, educativa y laboral, así como la Ley de Ciencia y Tecnología y el impacto de las reformas en los salarios.

Los resultados de los foros serán entregados a la próxima legislatura para que cuente con un estudio basado en indicadores cuantitativos y cualitativos.

Al inaugurar el foro, Juan Pablo Arroyo, coordinador ejecutivo del IBD, destacó que del Pacto por México derivó en la aprobación de las 11 reformas estructurales como una vía para alcanzar los objetivos que permitieran mejorar el nivel de vida de la población. Dichas iniciativas tuvieron como antecedente las reformas de primera generación de la década de 1980.

“Existe una relación transversal entre cada uno de los proyectos; ante la situación económica y política actual del país es relevante hacer un balance de cada una de las reformas”, puntualizó.

Juan Carlos Moreno Bird, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, expuso una revisión integral e indicó lo complejo que es evaluar el paquete de modificaciones.

Con una serie de gráficos y cifras del Banco de México explicó que actualmente estamos creciendo por debajo del ritmo potencial. En este sexenio la inversión pública colapsó, pues cayó a niveles de hace 50 años; asimismo, los salarios perdieron participación en el ingreso, y si bien se han generado empleos, cada vez son de menor calidad y con sueldos más bajos.

Destacó una serie de retos para la nueva administración, entre los que está distribuir el ingreso de manera más progresiva, que las personas cuenten con un empleo digno, mantener la estabilidad macroeconómica y disminuir los índices de corrupción e impunidad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su representante en México, Roberto Martínez Yllescas, consideró que las reformas son un atributo esencial del esfuerzo para generar crecimiento económico. Subrayó dos cualidades, inclusión y sustentabilidad, sin las cuales el crecimiento ya no es concebible.

Manifestó que las reformas beneficiaron a algunos estados y a ciertos sectores, pero otros se quedaron rezagados. Aseveró que la disparidad regional en México es una de las flaquezas estructurales de la economía del país, porque existe una brecha de crecimiento entre regiones y sectores de la economía.

Hay reformas que han tenido éxito a corto plazo, como en el caso de las telecomunicaciones, en cuyo sector se cumplieron 28 de 31 recomendaciones que hizo la OCDE, en 2012. Sin embargo, reiteró que se subestimó la importancia de la inclusión y el esfuerzo para disminuir la desigualdad.

Durante su intervención, Gerardo Esquivel, investigador de El Colegio de México, precisó que la promesa de las reformas es que tendrían resultados importantes e inmediatos. Consideró que a cinco años de su implementación podría ser pronto realizar una evaluación, pero tiene que ser así, porque ésa fue su oferta.

El compromiso de lo que generarían las reformas se consignó en un documento oficial, en el que se estableció que la economía mexicana crecería por encima de su tendencia histórica y que en 2018 llegaría a 5.4 por ciento del PIB por año.

Al examinar su funcionamiento, es claro que se hizo un diagnóstico equivocado; no se tomó en consideración el tema del mercado interno y la dinámica de consumo y cómo esos factores podrían ayudar a fomentar el crecimiento económico. En el tema financiero señaló que sí aumentó el crédito, pero no creció el número de empresas, cuando el objetivo era hacer más accesible el crédito a otras compañías.

Al hacer un balance sobre transparencia y acceso a la información, Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que se trata de una reforma llena de expectativas, que tuvo como objetivo homologar el marco jurídico en los estados e incrementar el número de sujetos obligados.

Además, se estableció el fortalecimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano constitucional autónomo con amplias atribuciones para que sus decisiones no sean refutadas por otros sujetos obligados. Asimismo, se fijaron las bases para la creación de un Sistema Nacional de Transparencia.

Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI, reafirmó la importancia de la reforma de 2014, la cual no se trató sólo de un cambio en el nombre del instituto, sino de asumir competencias que antes no tenía. Para simplificar los procesos, sugirió llevar a cabo una revisión normativa sobre el exceso de lineamientos.

Al poner como contexto una cifra publicada por el Banco de México y el Banco Mundial, que calcula el costo de la corrupción en 9 por ciento del PIB, aseveró que se trata de un tema complejo, que ha costado mucho trabajo, por lo que es necesario tener elementos preventivos y punitivos para evitar el desvío de recursos.

Informó que en el país hay 9,000 sujetos obligados, los cuales se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia que lleva un millón de solicitudes. De esos sujetos, 800 son de la Federación, de los cuales 320 son fideicomisos y fondos que manejan más de 700,000 millones de pesos.

Sobre la justicia penal, Carlos Galindo, investigador del IBD, presentó la actualización de un cuaderno de investigación sobre los avances, la implementación y los peligros que representaría una contrarreforma.

En orden cronológico presentó los años en que Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Chile y Paraguay efectuaron reformas orientadas a cambiar sus sistemas inquisitivos o mixtos por modelos acusatorios. Insistió en que, en el caso de México, no se trató de copiar una moda, sino de ver cómo estaba la justicia.

Reconoció el gran esfuerzo del gobierno federal mexicano y advirtió que nuestro país fue uno de los últimos de América Latina en iniciar una reforma constitucional enfocada a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Al realizar un balance sobre seguridad, subrayó que la estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada, que se inició en 2006 con los operativos militarizados, generó la ola de homicidios y violencia que vivimos en la actualidad.

La intervención de María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, se centró en la publicación de Hallazgos 2017, documento que ofrece un seguimiento y una evaluación sistemática del sistema penal. Hizo un balance de las políticas públicas y de las condiciones que prevalecen a dos años de la entrada en vigor de la reforma.

Refirió que fue un error eliminar la SETEC, pues lo ideal hubiera sido contar con una instancia nacional que permitiera tener una visión integral para consolidar el sistema. Reconoció que el problema se encuentra en la operación y en la profesionalización de los operadores, aspectos en los que deben centrarse los esfuerzos.

Aunque hay estados con más años de operación del sistema, como Chihuahua, los más avanzados son Querétaro y Guanajuato, y el más atrasado, Guerrero.

Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, habló sobre los riesgos de las contrarreformas a leyes y códigos que son la columna vertebral del sistema penal. Expuso que los ajustes al sistema muchas veces constituyen regresiones al estado de cosas anterior.

La presentación de Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), versó sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Exhortó a los senadores a seguir trabajando en la construcción de las fiscalías y del sistema penal.

Sobre el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, subrayó que se trata de un proceso civilizatorio de la nación, con un uso distinto de la fuerza y del Derecho penal. Sentenció que sería un gravísimo error dar pasos hacia atrás y advirtió que regresar al modelo de prisión preventiva oficiosa para todos los delitos sería catastrófico.

En materia de competencia económica y telecomunicaciones los expertos proporcionaron un esquema sobre los contrapesos al poder de los monopolios y acerca de los mecanismos para subsanar las fallas en el mercado por medio del establecimiento de órganos reguladores independientes. Hicieron referencia a las leyes y a los tribunales especializados que se crearon y subrayaron la importancia de quitar los frenos a la innovación.

Sobre la reforma energética se estableció la importancia de modernizar la industria y hacerla más competitiva, devolviéndole su carácter de palanca de desarrollo, además de impulsar el crecimiento económico, crear empleos, reducir los costos energéticos y de electricidad, además de fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad.

Los especialistas hicieron un balance de la complementación de la reforma energética con otras transformaciones al marco constitucional y destacaron la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.

 

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