La abogacía mexicana pugna por la restauración del Estado de Derecho

La abogacía mexicana pugna por la restauración del Estado de Derecho

El pasado 31 de enero los tres colegios de abogados más importantes de México suscribieron la constitución del Consejo General de la Abogacía Mexicana, acto en el que los representantes de cada una de las asociaciones se pronunciaron por la restauración del Estado de Derecho a través de la unidad del gremio.

 

 

La ceremonia de constitución del Consejo General de la Abogacía Mexicana contó con la participación, como testigos de honor, de Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública; José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y María del Pilar Ortega Martínez, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Justicia. Asimismo, estuvieron presentes autoridades jurisdiccionales, académicas, empresariales y universitarias, así como legisladores, presidentes de cámaras y de tribunales, así como ex presidentes de los colegios de abogados.

Durante su intervención, Alfonso Guati Rojo Sánchez, presidente del consejo directivo nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), refirió que las asignaturas pendientes son muy claras, pues todas se encaminan al mejoramiento del Estado de Derecho, objetivo que pretende lograr el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Para dimensionar el reto que enfrenta la comunidad jurídica, el presidente de la ANADE ofreció las cifras que colocan a México en el número 92 de 113 países del Índice de Estado de Derecho 2017-2018; detalló que la abogacía organizada debe asumir sus compromisos, devolviendo la credibilidad a las instituciones y que éstas no se corrompan a partir de las propuestas oprobiosas que hacen algunos abogados.

A través de un llamado a la unidad, pidió fomentar el control ético de los abogados y elevar los estándares de la práctica profesional.

“Hoy es el día de todos los abogados del país en pos de una mejor sociedad para nosotros y para nuestros hijos. Colegas, hagamos un compromiso serio y logremos que lo que hoy empieza se convierta en el mejor legado para las próximas generaciones”, declaró.

Por su parte, José Mario de la Garza, presidente del consejo directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), calificó como un hecho histórico el que las asociaciones de profesionales del Derecho más importantes del país dieran constancia de su compromiso para elevar la mirada y sumar los esfuerzos para constituir el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Destacó que la crisis que actualmente atraviesa nuestro país es un síntoma del quebranto del Estado de Derecho. “¿En qué momento permitimos que la ley dejara de ser la mejor respuesta para los problemas sociales y su vulneración se convirtiera en el alimento que los hace indomables?”, cuestionó.

El representante de la BMA arriesgó como hipótesis el hecho de que la política preside el Derecho, además de la fragmentación generada en el gremio, razón por la cual perdió su capacidad de conducción, guía y referente de las grandes decisiones nacionales.

“Éste es el momento para decir: no más, nunca más sin nosotros. La tragedia nacional no va a dar tregua, ni tampoco da espacios para vanos egoísmos. Éste es el momento de definir quiénes son los abogados que van a litigar la causa nacional y quiénes serán los representantes de sus propios intereses”, aseguró.

Para mejorar la eficacia del marco normativo, pidió elevar la calidad del quehacer profesional y asumir una postura proactiva y una perspectiva integral para resolver los problemas.

En su oportunidad, Alfonso Pérez Cuéllar, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), aseveró que si aceptamos como premisa que nuestro país requiere urgentemente un verdadero y sólido Estado de Derecho, como principio fundamental para fortalecer a las instituciones y plantear un nuevo rumbo, dirigido al combate a la corrupción y a la impunidad, entonces ha llegado el tiempo de las leyes, de los jueces y de los abogados.

Añadió que los abogados deben ser los principales promotores y ejecutores del complimiento de la ley, y de respetar su supremacía. Apuntó que los tres colegios de abogados coinciden en la necesidad de la actuación ética, del control técnico de la abogacía, así como de la defensa de la defensa.

“Los abogados somos una pieza fundamental en la vigencia del Estado de Derecho. Y por eso no podemos tolerar más la corrupción ni la impunidad. Debemos ser agentes que faciliten los mecanismos necesarios para empoderar a los ciudadanos y, de esta forma, instalemos juntos una nueva cultura de la legalidad, que aleje las prácticas deshonestas”, destacó.

El presidente del INCAM explicó que se trata de una nueva época, marcada por la firme, seria y organizada intervención de los juristas en la construcción de un país más justo y más próspero. Asumió que el Consejo General de la Abogacía responde a un clamor social por una profesión técnicamente preparada y éticamente regulada, que construya y defienda al Derecho y a la justicia. Aseguró que la razón de esta unión y la consolidación del proyecto son para restaurar el Estado de Derecho en México.

Al enunciar su posicionamiento, el ministro José Ramón Cossío calificó el acto como un momento importante para la profesión jurídica y para la construcción del Estado de Derecho. “Se decía que hemos sido desplazados, pero tal vez nosotros mismos nos desplazamos, perdimos el toque, el interés en las cosas públicas”, acotó. Sin embargo, también expresó que ha llegado el momento de convertirse en agentes de cambio.

Concibió la idea del consejo como un elemento que participe en los planes y los programas de estudio, así como en la certificación de los abogados. Consideró que, de lograr la estandarización de buenas prácticas y la transformación del país, el consejo habrá cumplido con su propósito.

La senadora María del Pilar Ortega aseveró que se trata de una pieza muy importante porque la abogacía mexicana es fundamental en la construcción del Estado de Derecho. Hizo votos para que se consolide como un entramado más grande para fortalecer sus objetivos en conjunto con el órgano legislativo. Entre los pendientes legislativos, destacó la importancia de una reforma en materia de certificación respecto de los abogados.

Finalmente, Otto Granados Roldán coincidió en elevar los estándares éticos, no sólo para la profesión de la abogacía, sino también para las instituciones, que sean más rigurosos, transparentes y con una mejor normativa.

Para dimensionar el problema que representa el crecimiento desmedido de las escuelas de Derecho, el titular de la Secretaría de Educación Pública citó la obra Demasiados abogados de Piero Calamandrei, en la que denuncia la decadencia intelectual y moral de la abogacía italiana, el consecuente aumento de los abogados en ejercicio y la disminución de la calidad de los programas académicos.

“Desde mediados del siglo XX el sistema de educación superior en México se duplica prácticamente cada 10 años; mientras en 1959 el sistema tenía cerca de 30,000 estudiantes en 157 universidades, en 2017 comprende cuatro millones en 4,000 instituciones”, dijo.

Otto Granados indicó que aunque la demanda ha estimulado la oferta de forma muy veloz, la cobertura apenas es cercana a 38 por ciento en la educación superior. No obstante, determinó que hay un área de oportunidad a través de una regulación eficiente de las carreras. Coincidió con la necesidad de modernizar el marco regulatorio con una perspectiva integral.

Por último, resaltó la urgencia de diseñar una nueva agenda de la educación superior en México, que incluya la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la cual data de los años setenta del siglo XX, así como la Ley de Profesiones, reglamentaria del artículo 5° constitucional, y asimismo la articulación de un nuevo sistema de gobernanza entre la Federación y los estados en esta materia.

 

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