Los desafíos de las delegaciones estatales de la PGR

Los desafíos de las delegaciones estatales de la PGR

 

Con el ánimo de cambiar la percepción de la sociedad hacia la Procuraduría General de la República y alcanzar los resultados que la la justicia reclama, su titular, Arely Gómez González, ha señalado los principios rectores de su gestión, mismos que aquí se analizan, a la vez que se enfatiza el rol que deben desempeñar las delegaciones estatales de la PGR, órganos desconcentrados de esta dependencia que le dan presencia en las 32 entidades federativas.

 

La institución del Ministerio Público de la Federación, cuya función constitucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal, se encuentra encomendada al órgano Procuraduría General de la República (PGR),1 y se rige por disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como por las directivas e instrucciones que dicte la titular de la institución, mismas que en conjunto constituyen la política de organización y operación.

Para el desarrollo de sus funciones, la PGR se organiza bajo un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, en virtud del cual cuenta con unidades administrativas especializadas en la investigación y la persecución de géneros de delitos atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales, además de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en circunscripciones territoriales dispuestas por la normatividad aplicable.

Estas últimas son las delegaciones estatales que se erigen como órganos desconcentrados de la PGR en las 32 entidades federativas, adscritas a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, con competencia para investigar y perseguir los delitos del orden federal, independientemente de su género por ordenación de los bienes jurídicos tutelados, es decir, conocen de cualquier delito federal, incluso delincuencia organizada, en los términos de la distribución competencial interna determinada en los instrumentos normativos expedidos por la titular de la institución.

Teniendo en consideración lo anterior, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, definió los principios rectores de su gestión en cuatro ejes transversales:

1. La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función investigadora y persecutora.

2. El respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que con cualquier calidad o carácter acudan a la Procuraduría General de la República.

3. La implementación exitosa del sistema de justicia procesal penal acusatorio.

4. La realización de una procuración de justicia eficiente y eficaz.

Por lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, es insoslayable tener en cuenta en el ejercicio de la función ministerial, como en toda función pública, que la sociedad es la fuente y la destinataria de toda gestión pública, por lo que es indeclinable informar y dar cuenta a la sociedad de las acciones que se realicen conforme a la normatividad aplicable.

En cuanto al respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia federal, debe ser obligatorio de manera ineludible respetar los derechos humanos de las personas que intervengan con cualquier carácter en el proceso de investigar y perseguir los delitos federales.

Acerca de la implementación del sistema procesal penal acusatorio es menester aclarar que es un proceso que culminará indefectiblemente antes del 18 de junio de 2016 en todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República. Hasta ahora2 se ha logrado en 24 entidades federativas,3 a las que se sumarán otras cuatro el 29 de abril de 20164 y las cuatro restantes el 14 de junio de 2016,5 de modo que la totalidad de los estados y la Ciudad de México hayan implementado el sistema de justicia penal acusatorio para los delitos del orden federal a más tardar el 18 de junio de 2016, como lo establece la reforma constitucional de junio de 20086 y el Código Nacional de Procedimientos Penales.7

Finalmente, en relación con la investigación de delitos en forma eficiente y eficaz, es inexcusable no alcanzar mayores y mejores índices de esclarecimiento de hechos delictuosos federales, pues sólo así se abatirá de manera real la impunidad.

Este eje rector merece y exige la mayor atención de las delegaciones estatales, pues en la investigación exitosa de los delitos federales radica la misión de la institución ministerial.

Lo anterior es así porque en las investigaciones ministeriales no se trata solamente de esclarecer lo acontecido en cada caso concreto, sino, además, examinado el curso y las etapas del proceso penal, es indispensable proveer a la conclusión efectiva de cada caso, agotando las diligencias conducentes a ello y emitiendo las medidas aplicables para garantizar la efectividad de la investigación y la determinación de todo cuanto tenga que ver con la protección de las víctimas u ofendidos; la preservación y el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito; además de las determinaciones para dar destino legal a éstos, entre muchas otras determinaciones de naturaleza investigativa.

Igualmente importante es la determinación de otorgar libertades provisionales con la aplicación de controles y toma de decisiones que produzcan transparencia y certeza jurídica a los protagonistas.

Un campo más que demanda atención inmediata y efectiva es la resolución de casos en reserva por falta de datos para continuar una investigación. Esto, en virtud de que, salvo contadas excepciones, los expedientes en reserva pasan al no ejercicio de la acción penal por la vía de la prescripción de la acción penal.

Podríamos seguir enumerando hipótesis, casos y circunstancias en las que la procuración de justicia se ve afectada por prácticas e inercias que repercuten en la eficiencia y la eficacia. No obstante, lo importante es que se han asumido decisiones y acciones directivas y operativas encaminadas a garantizar nuevas y mejores prácticas que mejoren el ejercicio de la función institucional en la investigación de los delitos.

Dos acciones viables para lograr esta pretensión, incluso en el marco de la implementación del sistema procesal penal acusatorio, son la instauración en todos los casos del plan de investigación, como el instrumento de planeación y control indispensable para realizar investigaciones con metodología pertinente; así como la instalación y la operación de la sala de mando ministerial, en tanto el espacio para realizar las investigaciones en equipo, con la conducción del agente del Ministerio Público y la participación efectiva en la planeación, el seguimiento y la determinación de los casos por peritos, policías y analistas.

Por otra parte, ante la entrada en operación del sistema de justicia procesal penal acusatorio es menester que entre las prioridades para lograr la eficiencia y la eficacia se trabaje al máximo para disminuir el rezago en las carpetas de investigación y averiguaciones previas, así como dar destino final a todos los bienes asegurados y evitar la devolución de consignaciones por los jueces, por causas de forma y de fondo. Asimismo, lograr más acuerdos entre las partes, en los casos en que la ley lo permita, pues eso es justicia restaurativa y permite alcanzar niveles aceptables en la solución de casos.

Nuestra titular, Arely Gómez González, ha dispuesto que logremos los resultados que la función exige, la justicia reclama y la sociedad merece: una nueva procuraduría más eficiente y efectiva, y más apreciada por los mexicanos. Estamos ante una gran oportunidad para cambiar la percepción de la sociedad hacia la PGR y por eso estamos trabajando en el ámbito de nuestra competencia para que las delegaciones estatales aporten los resultados que pueden y deben generar.

NOTAS

* Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República

1 Una vez que entre en vigor la reforma al artículo 102, apartado A, constitucional (Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014), mediante la correspondiente declaratoria que expida el Congreso de la Unión, la actual Procuraduría General de la República, inserta en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, se transformará en Fiscalía General de la República, con naturaleza de órgano público con autonomía constitucional.

2 1° de marzo de 2016.

3 El Congreso de la Unión ha emitido las declaratorias de inicio de vigencia del nuevo sistema de justicia penal, en el orden siguiente: el 24 de noviembre de 2014, en Durango y Puebla; el 15 de marzo de 2015, en Zacatecas y Yucatán; el 1° de agosto de 2015, en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; el 30 de noviembre de 2015, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Oaxaca; el 29 de febrero de 2016, en Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.

4 Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz.

5 Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, así como el archipiélago de las Islas Marías y el resto del territorio nacional.

6 Artículo segundo transitorio.

7 Idem.

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