México, sede del XXII Congreso de la UIBA

México, sede del XXII Congreso de la UIBA

Del 24 al 27 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de México el XXII Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), con el lema “Los retos del ejercicio de la abogacía”, evento que se realizó en el marco del 40 aniversario de la organización.

 

La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados realiza su congreso cada dos años, desde su fundación en 1976, con el objetivo de garantizar la independencia de la profesión, estrechar los lazos internacionales y reforzar el compromiso con el Estado de Derecho. Además de promover, fomentar y asegurar que la actuación del abogado se rija por los principios de dignidad, independencia y libertad. La UIBA integra a más de medio millón de abogados y está conformada por 22 países, entre ellos México.

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) fungió como anfitrión del acto, al que asistieron delegados de la UIBA de España, Portugal, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela; además, contó con la participación de impartidores de justicia mexicanos, abogados, académicos y miembros de diversas asociaciones.

El suceso inaugural estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el presídium contó con la presencia de José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN; Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, presidente del INCAM, y Luis Martí Mingarro, presidente de la UIBA.

En su mensaje de apertura, el ministro Aguilar Morales realizó una semblanza sobre el surgimiento del INCAM, que está próximo a cumplir 256 años de existencia. Señaló que el Colegio de Abogados se ha distinguido por ser el referente histórico más notable de la abogacía y el protagonista de los momentos más importantes de nuestro país.

Expresó su reconocimiento a la labor de los abogados, que como defensores de los derechos de sus clientes mantienen en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia. Asimismo, destacó el papel de los colegios y las asociaciones de abogados que son éticos y se preocupan por sus agremiados; añadió que son muy pocos los ejemplos dignos que, sin norma legal que los impulse, se dedican al servicio de la sociedad y buscan el beneficio de su país.

Durante el congreso se desarrollaron diversas sesiones plenarias que abarcaron temáticas de gran importancia para la profesión jurídica. Una de ellas fue “Terrorismo y narcotráfico frente al Estado de Derecho”, la cual fue moderada por Javier Quijano Baz, secretario general de la UIBA, quien expuso el manifiesto derivado de los VIII Encuentros en Madrid. Quijano Baz realizó un pronunciamiento a favor de los derechos humanos y subrayó la importancia de la solidaridad hacia los refugiados del mundo.

En el documento los presidentes y los representantes de los colegios y las agrupaciones de abogados de todo el mundo manifestaron su más absoluto rechazo a que los poderes públicos limiten o sometan a excepción las prerrogativas del abogado en el ejercicio de la defensa: su independencia, su libertad de expresión, su privilegio legal de confidencialidad y su dignidad, cuyo ejercicio no guarda ninguna relación con las conductas de aquellos abogados que puedan ser constitutivas de infracción o delito y sin perjuicio de su persecución y castigo.

Asimismo, se dio a conocer la creación del Observatorio Internacional de la Defensa de la Defensa, en el que se denunciarán todas las formas de persecución, represión y agresión a los abogados de todo el mundo por causa del ejercicio profesional. Además, se hizo un llamado para que los gobiernos protejan y garanticen la integridad física y moral, así como la dignidad y las prerrogativas, de los abogados defensores.

Por su parte, Luis Martí Mingarro, presidente de la UIBA, declaró que el narcotráfico también es sinónimo de terrorismo, refiriéndose a éste como todo aquello que usa la fuerza, que niega el derecho a la vida y que consigue sus objetivos —lucrativos o no, morales o políticos— bajo la norma de imponer el terror para conseguir el aquietamiento de los ciudadanos incapaces de luchar frente a ese miedo.

Compartió las experiencias que ha tenido el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en tu tarea de enfrentar casos de terrorismo, específicamente con la Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que ha dado todas las muestras posibles de crueldad. Subrayó que siempre se buscará el juicio justo y el derecho a la defensa, porque el derecho es la única arma contra la violencia. No obstante, indicó que todos los juristas deben estar alerta de los abogados que, escudándose en la defensa, se integren a las filas de la comisión del delito.

La sesión referente a la “Ordenación de la abogacía y ética profesional” fue moderada por Óscar Cruz Barney, ex presidente del INCAM. Como ponente participó Juan Carlos Araúz Ramos, vicepresidente del Colegio de Abogados de Panamá, quien expuso su discurso en nombre de la abogacía panameña a la luz de los papeles de Mossack y Fonseca; manifestó que la crisis vivida tras las revelaciones de los documentos determinó que la abogacía, específicamente la panameña, entrara en revisión, análisis y discusión interna sobre su futuro.

“Se ha querido reafirmar como un derecho superior el dar a conocer información sobre líderes mundiales y referentes de opinión, dejando a un lado la presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de mantener como confidenciales las conversaciones abogado-cliente”, puntualizó. “No existe duda de que los hechos descritos deben ser condenados por todo Estado de Derecho; la abogacía mundial debe resguardar el secreto profesional y la información privilegiada a la luz de la defensa de la defensa”, aseveró.

Por su parte, Alfonso Pérez Cuéllar, presidente del INCAM, manifestó que la situación que ha imperado en México en relación con la ordenación de la abogacía y la ética profesional, ha implicado un gran compromiso y esfuerzo por parte de los diversos miembros de UIBA. Precisó que este año se realizaron audiencias en el Senado de la República, las cuales contaron con el análisis de académicos, abogados y funcionarios de distintos niveles y órdenes de gobierno.

Las conclusiones a las que se llegaron en esta mesa en su mayoría fueron a favor de la colegiación obligatoria. No obstante, el Ejecutivo federal, a través de su consejería jurídica, convocó a los Diálogos por la justicia cotidiana, en los cuales se analizó también la ordenación de la abogacía, pero las propuestas que se plantearon fueron alejando la posibilidad de la iniciativa de una colegiación obligatoria.

El resultado final fue la recomendación de continuar con el mismo régimen de colegiación voluntaria, con la posibilidad de generar un mecanismo mixto de control ético.

Durante su intervención, Sonia Gumpert Melgosa, decana del ICAM, declaró que en el caso mexicano la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) fijó su postura en contra de la colegiación obligatoria pues implica barreras a la competencia en el mercado de los servicios profesionales; no obstante, el ICAM, a través de sus comisiones, ha dado datos de campo, pruebas y elementos de comprobación que niegan esos argumentos.

“No hay efectos dañinos, como barreras a la competencia”, subrayó. La decana del ICAM aseguró que las estadísticas desmienten de manera contundente los ataques contra los colegios y la colegiación obligatoria. “En España existen 83 colegios profesionales de adscripción obligatoria; el censo de abogados colegiados es de 150,000, de los cuales 77,000 pertenecen al ICAM.” Agregó que la competitividad en España entre los abogados es muy alta, al igual que la calidad de los servicios que proporcionan.

En su oportunidad, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN, declaró su convencimiento a favor de emitir una ley que regule el desempeño de la abogacía. Coincidió con la opinión de la decana Sonia Gumpert en torno de la postura de la COFECE. Al retomar los datos de Luis Fernando Pérez Hurtado, director del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), hizo énfasis en la situación del Derecho en nuestro país: en el ciclo 2015-2016 se contaron 1,715 instituciones de educación superior; 1,580 privadas y 135 públicas. Su crecimiento ha sido exponencial. Prácticamente se crea una escuela de Derecho cada semana. Además, en 2015 se expidieron 33,631 cédulas profesionales en Derecho.

Cossío Díaz destacó que “no hay supervisión en la asignación de un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; tampoco hay lineamientos mínimos en los planes de estudio, y no sabemos cuántas personas tienen cédula profesional”.

La sesión “Medios alternativos de solución de controversias en materia penal” fue moderada por Juan Ramón Montero, miembro de la junta directiva del Club Español de Arbitraje, quien precisó que en las soluciones alternas existen dos palabras claves: voluntariedad y disponibilidad. Como ponentes participaron Óscar Cruz Barney, ex presidente del INCAM, y Ricardo Sodi Cuéllar, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Durante su ponencia, Cruz Barney realizó una cronología histórica de la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias en México y explicó en qué consiste la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Dijo que las controversias pueden solucionarse directamente por las partes en el conflicto o por vía de un tercero, con el objetivo de obtener salidas más efectivas y rápidas que reflejen en mayor medida los intereses de las partes evitando conflictos; sin embargo, acotó que la desventaja que se puede dar en materia penal es que no se protege a la parte que se encuentra en desventaja social, situación que en ciertos casos sí es tomada en cuenta en un proceso jurisdiccional.

En su intervención, Ricardo Sodi explicó los detalles de la aplicación de los mecanismos en materia penal; aseguró que quienes mejor funcionan en los órganos de mediación son los psicólogos, los sociólogos y las personas que no tienen formación de abogados, porque cuando éstos intervienen la mediación se cae, ya que siempre buscan ganar.

Mencionó que en 2015 en el Estado de México hubo 56,520 solicitudes de mediación en materia penal, de las cuales se resolvieron 42,350 con un acuerdo reparatorio, es decir, 74,93 por ciento. “El nuevo sistema pretende crear una pirámide en la que sólo lleguen a juicio oral los asuntos relevantes.” Destacó que la mediación asociativa —llamada así en la entidad mexiquense— ha sido muy efectiva. Y para mejorar nuestro sistema de justicia penal necesitamos desarrollar una cultura de la medicación, desde la educación básica hasta el nivel superior y el posgrado.

Las conclusiones del XXII Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) estarán disponibles en la página de internet: http://www.uiba.org/.

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