Primer Congreso Internacional de Derecho Penal de la UNAM

Primer Congreso Internacional de Derecho Penal de la UNAM

 

Del 8 al 10 de octubre la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal, en el que académicos e investigadores nacionales e internacionales del área de las ciencias penales analizaron el panorama contemporáneo del terrorismo, la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud, la corrupción y el tráfico de drogas.

 

 

El Primer Congreso Internacional de Derecho Penal se realizó en las instalaciones de Ciudad Universitaria, a través de una serie de sesiones plenarias, conferencias magistrales, mesas redondas y trabajo de comisiones. Los especialistas abordaron los problemas de mayor interés para las ciencias criminales contemporáneas en Europa y Latinoamérica. Además, se constituyó el Grupo de Investigación sobre Derecho Penal Contemporáneo.

El acto inaugural fue encabezado por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien detalló que el proceso de realización fue un producto de coloquios, conferencias y eventos académicos previos realizados con universidades iberoamericanas.

Resaltó la importancia de las temáticas, a las que consideró fundamentales para el Derecho penal internacional y parte de la agenda nacional para vivir mejor en un régimen de justicia, derechos y paz. Reconoció la labor de la Facultad de Derecho, cuna de la formación jurídica de nuestra nación, por organizar y abrir la discusión de problemas que no conocen fronteras y son multifactoriales.

Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, director de la propia facultad y presidente del comité organizador, aseguró que el Congreso va más allá de un ejercicio de Derecho comparado y excelencia académica, ya que las conclusiones serán puestas al servicio del nuevo gobierno. Hizo un balance del estado en el que se encuentra el país y de lo que representa una nueva administración, ante retos ingentes y altas expectativas.

Precisó que la UNAM tiene la obligación de generar conocimiento para contribuir al progreso del país, porque el futuro de México depende en gran medida del futuro de la universidad. Es un espacio abierto a todas las voces, corrientes de pensamiento y tendencias de carácter científico y social, donde se entiende que no hay libertad sin crítica y no hay crítica sin libertad.

Aseguró que las reflexiones y las experiencias internacionales serán de gran utilidad para la construcción de políticas públicas en materia criminal. “El Derecho penal es donde se observa el más sensible y difícil encuentro entre el poder del Estado y los derechos de las personas”, enfatizó.

Durante su intervención, Eduardo López Betancourt, coordinador general del Congreso, expresó al rector el absoluto respaldo del claustro académico de la facultad y acentuó que gracias a su apoyo se realizó el Congreso, el cual superó las expectativas previstas. Asimismo, destacó la importancia de la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por ser un baluarte de la democracia mexicana.

Consideró que actualmente las soluciones a los problemas que aquejan al país no han sido suficientes. Dijo que la multiplicidad de leyes ha creado caos debido a la hiperinflación legislativa y añadió que los procesos no responden a la pronta y correcta procuración de justicia.

Además de asistir al acto protocolario de inauguración, Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, ofreció una conferencia sobre la corrupción en México. Consideró que el modelo de desarrollo es el que genera la corrupción y muchos de los males y los problemas que aquejan a la sociedad.

Indicó que a comienzos de la década de 1980 se impuso un modelo de absoluta antidemocracia, caracterizado por la subordinación política y económica, así como por el abandono de una política exterior independiente, por la exclusión social, por la concentración de la riqueza en un sector reducido de la población, por el desmantelamiento de los sectores productivos de mayor impacto social y económico, por la agresividad al ambiente, pero, sobre todo, por la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la delincuencia.

Al asumir sus cargos, los más altos funcionarios de la administración pública, al igual que muchos designados, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y ver por el bien de la nación. Cuauhtémoc Cárdenas reiteró que muchos de esos funcionarios que caen en actos de corrupción no reciben sanciones; por lo tanto, no basta con nuevas leyes y organismos de transparencia, ni con hacer más duras las penas.

Señaló la necesidad de garantizar la vigencia plena al Estado de Derecho, que no haya tolerancia y menos que la autoridad proteja a los corruptos. Afirmó que se requiere rectitud en la conducta, patriotismo y aplicar la ley con rigor.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, habló sobre los desafíos del Senado frente al futuro. Centró su intervención en el contenido de su libro Desafíos, en el que establece una agenda para revisar el sistema penal acusatorio, la despenalización de las drogas y delitos emergentes como el terrorismo, la trata de personas y los nuevos modelos de esclavitud.

Reafirmó que la austeridad es la auténtica política de Estado, así como el combate a la corrupción y a la impunidad. Sostuvo que después de muchos años el Poder Judicial Federal requiere actualización y revisión, ya que se requiere establecer una relación de contrapeso con los otros poderes y lograr transitar hacia la Cuarta Transformación.

A la inauguración del Primer Congreso de Derecho Penal también asistieron Mónica González Contró, abogada general de la UNAM; María del Socorro Marquina Sánchez, secretaria académica de la Facultad de Derecho; Bertha Rodríguez Sámano, secretaria general de Asociaciones Autónomas del Personal Académico; Sergio García Ramírez, director de la revista Diálogo Jurisprudencial; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Julián Güitrón Fuentevilla, presidente del Tribunal Universitario, así como decanos de las facultades de Derecho de Granada, Huelva, Castilla-La Mancha y La Habana; vicedecanos de Cádiz y Barcelona, y académicos de Argentina, Austria, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Durante tres días se plantearon, desde la óptica nacional, soluciones para la corrupción, se habló acerca de cómo debería ser la transición a la Fiscalía General de la República y se abordó el Sistema Nacional Anticorrupción, las implicaciones de las operaciones financieras ilícitas en torno del concepto de lavado de dinero, los aspectos penales del Derecho laboral, el tráfico de drogas conforme al Código Penal Federal, la Ley de Seguridad Interior y la visión penal de la trata de personas en México, entre otros temas.

Desde el ámbito internacional se analizaron las organizaciones criminales, los refugiados, la inmigración y la trata de personas, así como la corrupción privada y deportiva, el terrorismo y las normas penales, y, asimismo, un estudio comparativo Colombia-México acerca de la regulación legal del crimen organizado frente al surgimiento de la corrupción privada, las implicaciones de los talleres textiles clandestinos de Argentina como una forma contemporánea de esclavitud, y la prevención de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, en el marco de la globalización.

 

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