Senado analiza y debate el Sistema Nacional Anticorrupción

Senado analiza y debate el Sistema Nacional Anticorrupción

El pasado 17 de octubre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en coordinación con el senador Armando Ríos Piter, realizaron el Foro “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”, que tuvo como sede el auditorio Octavio Paz, recinto al que asistieron legisladores, miembros de organizaciones multilaterales y de la sociedad civil, académicos y periodistas.

 

El Foro “Sistema Nacional Anticorrupción: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?” tuvo como objetivo revisar y analizar los avances alcanzados en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), particularmente en su componente jurídico-normativo, así como identificar y discutir las experiencias relevantes en México y otros países, además de incluir la incidencia ciudadana en materia de combate a la corrupción.

Al inaugurar el evento, Armando Ríos Piter refirió que la Ley 3 de 3 fue uno de los pilares que motivó la participación y la atención en el tema de combate a la corrupción; indicó que el proceso tuvo dos momentos: el primero, impulsado por la ciudadanía, y el segundo, por las cúpulas empresariales. La propuesta planteaba que todos los servidores públicos tenían la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, acompañada de una máxima publicidad.

El senador del PRD aseguró que se dio un acérrimo debate sobre el tema; no obstante, declaró que el resultado dejó un mal sabor de boca, ya que la iniciativa ciudadana no se aprobó en los términos en que fue presentada, lo cual generó desilusión y desencanto en el SNA.

El foro se planeó con la idea de reivindicar la construcción de un SNA sólido; por ese motivo, el legislador instó a trabajar más allá del artículo 29 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y subrayó la necesidad de consolidar todo el nuevo andamiaje institucional. Insistió en la importancia de llevar el análisis al resto de la República y a las universidades, además de mantener la participación activa de la sociedad civil.

Por su parte, Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez, destacó los antecedentes del SNA como un mecanismo para fortalecer el control de la corrupción en nuestro país. Puso énfasis en la lucha que ha dado la ciudanía durante los últimos dos años para combatir este problema.

Las leyes de nueva creación expedidas el 18 de julio de 2016 son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación.

Gerardo Esquivel sostuvo que la aprobación de leyes y reformas que materializan el SNA son un avance fundamental en el impulso de una nueva visión de combate a la corrupción y el punto de partida para un conjunto de reformas de diferentes ordenamientos jurídicos que aún deben ser aprobadas, como es el caso de los relativos a compras públicas, contrataciones y adquisiciones. Destacó la necesidad de avanzar con la normatividad ya existente.

La primera mesa de trabajo del foro, “Mejores prácticas para el control y combate a la corrupción desde la perspectiva internacional, fue moderada por el periodista Javier Solórzano, quien hizo una reflexión sobre los cuestionamientos que se plantean respecto del SNA: ¿funcionará?, ¿será muy costoso?

En su oportunidad, Jacobo García Villarreal, especialista en políticas de integridad y compras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se refirió a los daños económicos y sociales que genera la corrupción: políticas públicas deficientes y menos incluyentes; uso ineficiente de los recursos públicos; costos adicionales a las empresas que tienen como consecuencia una merma en la competitividad; daños a la confianza en mercados e instituciones públicas, y amenazas globales como el crimen organizado.

Resaltó que desde 2008, a raíz de la crisis financiera, los países miembros de la OCDE han detectado una tendencia negativa en la confianza de los ciudadanos respecto de sus instituciones. El enfoque de la organización para abordar la problemática con base en buenas prácticas se basa en tres aspectos: prevención, detección y persecución.

Destacó que los estudios realizados por la OCDE han demostrado que 57 por ciento de los casos de cohecho están vinculados con las compras públicas. Puntualizó que están trabajando en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, especialmente en su estructura de compras, verificando su eficiencia, su gestión, su integridad y su transparencia.

Por su parte, Javier González, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, concentró su exposición en el avance del SNA y en las leyes que se derivan de su implementación a la luz de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y de algunas normas, prácticas y referencias internacionales.

Los cuatro pilares de la UNCAC son: la prevención, la criminalización, la cooperación internacional y la recuperación de activos. Respecto de la criminalización puso como ejemplo la experiencia internacional de Turquía y Australia sobre la tipificación explícita de determinadas conductas, penales o administrativas. En el caso México subrayó la importancia de la transformación institucional del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior de la Federación, entre otras.

Ivana Rossi, especialista senior financiera del Banco Mundial, ofreció una plática vía satelital, en la que resaltó que desde 2007 el Banco Mundial está realizando un estudio y dando asistencia técnica a los gobiernos en temas de declaraciones de intereses y patrimonio, como una herramienta fundamental en la lucha anticorrupción.

La mesa “Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción” fue moderada por el periodista Salvador Camarena, quien condensó la constitución de las instituciones y enmarcó la ruta que ha trazado el Poder Legislativo para consolidar el SNA. A su vez, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, enfocó su ponencia en la Fiscalía Anticorrupción y se pronunció sobre la necesidad de solicitar ayuda internacional para erradicar el problema de la corrupción.

Advirtió sobre la importancia de contar con fiscalías con principios de autonomía y transparencia, apegadas al Derecho interno y que tengan presente el artículo 1° de la Constitución. Añadió que elegir al fiscal anticorrupción no sólo debe atender a la normatividad, sino que también requiere de un mecanismo que permita la participación de la ciudadanía. Finalmente, cuestionó si en realidad existe voluntad política para ello.

Durante su intervención, Alfonso Pérez Daza, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, propuso al senador Ríos Piter abordar el tema pendiente relacionado con hacer más eficiente la facultad de la autoridad para la obtención de las pruebas y resaltó la falta de una estrategia en materia de procedimientos administrativos disciplinarios. 

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