VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia

VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia

Los días 7 y 8 de junio se llevó a cabo el VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La justicia que merecemos, de la implementación a la consolidación”, evento al que asistieron impartidores de justicia, académicos, juristas, representantes de organizaciones civiles, líderes de opinión y estudiantes de diversas universidades de la República mexicana. 

 

La jornada de dos días del VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia estuvo integrada de nutridas opiniones y compromisos por parte de los principales actores del sistema de justicia penal. Cabe destacar que la reforma de 2008 fue posible gracias al impulso y el compromiso de la sociedad civil. Durante ocho años la Red Nacional de Organizaciones Civiles a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, que alberga a más de 100 organizaciones, ha custodiado la correcta aplicación de cada uno de los mecanismos que integran el nuevo sistema de justicia. El 18 de junio apenas arrancó la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

El acto inaugural estuvo a cargo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien destacó haber participado en el foro como presidente y como gobernador del Estado de México, porque siempre estuvo convencido de las motivaciones de la sociedad civil para impulsar un nuevo modelo de justicia penal, el cual se concibe más transparente, privilegia la conciliación sobre el castigo y respeta los derechos humanos tanto del inculpado como de la víctima.

Aseguró que estamos frente a un hecho histórico en nuestro país, por lo que expresó la voluntad y la disposición del gobierno de la República para acompañar y dar seguimiento, evaluación y retroalimentación al sistema a través de la SETEC.

Durante su intervención, Alejandro Martí García, presidente de la Fundación México S.O.S, pronunció un emotivo mensaje ya que hace ocho años sufrió la pérdida de su hijo Fernando, razón por la cual ha buscado la justicia incansablemente. Asimismo, realizó un reconocimiento especial para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha acompañado y apoyado el nuevo sistema de justicia mexicano.

Mencionó cinco retos para trabajar: 1) las prisiones en México, 2) la transformación de las policías, 3) la coordinación interinstitucional, 4) las leyes pendientes y 5) el Poder Judicial. En este punto precisó que la liberación de un delincuente que argumenta tortura sólo debe ser viable cuando no existan pruebas en su contra más que su declaración.

Subrayó que no se puede permitir que por error, ignorancia, corrupción o malformación, policías, defensores, jueces y magistrados tergiversen la ley evitando procesos justos y privilegien componendas, teniendo como consecuencia resultados desastrosos.

A su vez, Miguel Carbonell Sánchez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseveró que el Poder Legislativo faltó a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. Precisó que la responsabilidad recaerá en las entidades federativas, porque es de su competencia 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; 2 por ciento corresponde a conductas de adolescentes y 6 por ciento es de la competencia del fuero federal.

Por su parte, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que el Consejo de la Judicatura Federal ha creado la estructura física y humana para satisfacer la demanda del nuevo sistema. Advirtió que ya se cuenta con centros de justicia penal federal en todas las entidades federativas.

Afirmó que ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, sin conocimiento directo de los hechos, sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales. “Los jueces no son infalibles; cuando se ha demostrado que han fallado se les ha sancionado con todo rigor, porque no aceptamos jueces corruptos o torpes que indebidamente apliquen mal la ley. Durante mi gestión sólo se han sancionado a tres magistrados, a tres jueces y a diversos funcionarios con destitución del cargo por su mala conducta”, acotó.

El foro contó con 11 mesas de análisis, la primera de las cuales se tituló “Ocho años de implementación: logros y pendientes (2008-2016)”. Desde el punto de vista parlamentario, César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, indicó que no hay opción para contrarreformas.

Aclaró que el Poder Legislativo no es un operador del sistema, pero al ser un dador de reglas se comprometió con los asistentes para que reglamentariamente todo estuviera en tiempo y forma. Consideró que a ocho años de la implementación se han detectado ciertas deficiencias como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Detectó que los tres eslabones fundamentales del sistema son: los investigadores científicos de la mano de los investigadores de campo, las autoridades jurisdiccionales y el personal del sistema penitenciario.

Por su parte, María de los Ángeles Fromow, titular de la SETEC, mencionó que una de las mejores prácticas ha sido la coordinación interinstitucional de la mano de la voluntad política. Uno de los avances del sistema es que se está informatizando, pues a través de tabletas el policía puede llegar al lugar de los hechos y levantar la denuncia, tomar las fotografías y, en su momento, levantar las evidencias adecuadamente. Precisó que la SETEC ya cuenta con un comité de evaluación y seguimiento, articulado por expertos independientes que identificarán las mejoras y las áreas de oportunidad.

En la mesa titulada “Y la policía, ¿cómo va?”, Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó sobre las condiciones en las que se trabajan los elementos de seguridad. Respecto de los sueldos, apuntó que la diferencia salarial se ubica en rangos que van desde 5,351 hasta 14,501 pesos, siendo el promedio nacional estatal de 10,434 pesos mensuales. El sueldo más bajo que percibe un policía es de 2,380.

Vizcaíno Zamora Destacó que en octubre de 2015 inició el plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y competencias policiales básicas. En el último reporte de mayo de 2016 se contempló un avance de 92 por ciento a nivel nacional de capacitación; aun así, puso énfasis en que la preparación debe ser continua.

No obstante, María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, incitó a no caer en simulaciones, porque la capacitación para policías no ha sido suficiente. Resaltó que en la encuesta realizada por la organización en 2015, tres de cada 10 policías dijeron que no habían recibido capacitación sobre audiencias ante el juez y recepción de denuncias.

La policía federal se declaró lista; así lo expresó Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal, quien coincidió en que para afrontar el reto del nuevo sistema será necesario contar con mejores prestaciones, óptimas condiciones laborales y mayor comprensión ciudadana.

Una de las mesas que generó más debate fue la titulada “¿Cómo garantizar el debido proceso a través de la defensa pública y privada?”, la cual fue moderada por Ángel Junquera Sepúlveda, director de la revista El Mundo del Abogado; participaron Mirta Sagrario Aguirre Gómez, directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Morelos; Gonzalo Reyes Salas, director del Centro de Formación Profesional del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León; Rodolfo Félix Cárdenas, fundador del despacho Félix Cárdenas, y Rafael Heredia Rubio, fundador del despacho Heredia Rubio Abogados.

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