Revisemos la última reforma en amparo

A casi un lustro de la inclusión de los instrumentos que introdujo la reforma a la Ley de Amparo, promulgada el 1° de abril de 2013, el autor nos ofrece un ejercicio de análisis y reflexión sobre el amparo adhesivo, el amparo contra particulares, el interés legítimo y el método de integración jurisprudencial por sustitución. 

 

A raíz de la reforma constitucional acaecida en 2011 que diera paso a una nueva Ley de Amparo, se estableció un antes y después en el manejo de dicha materia; un parteaguas en los conocidos manuales, como en la cátedra de Burgoa que para muchos en definitiva quedó superada (o rebasada) por la publicación del decreto que contiene la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales.

El instrumento más socorrido para buscar la protección de la justicia federal, también arquetipo y principal instrumento de control constitucional, es, sin duda, el juicio de amparo. Si a lo anterior sumamos la consideración de que además el amparo se relaciona con el resto de las materias o ramas del Derecho, resulta imprescindible entonces contar con conocimientos básicos sobre el mismo, así como de los cambios trascendentales que ha sufrido.

En este caso resulta interesante realizar un ejercicio de análisis y reflexión, a casi un lustro de la inclusión de los instrumentos que introdujo la reforma a la Ley de Amparo, promulgada el 1° de abril de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, principalmente refiriéndonos a los siguientes: amparo adhesivo, amparo contra particulares, interés legítimo y método de integración jurisprudencial por sustitución.

 

Amparo adhesivo

En cuanto al amparo adhesivo encontramos fundamento en el artículo 182 de la Ley de Amparo que a la letra señala:

“La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola audiencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

”I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso.

”II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo…”

Javier Quijano Baz, en el texto titulado “Consideraciones en torno al amparo adhesivo”,1 establece como uno de los antecedentes medulares de este primer instrumento los debates suscitados en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995 y 1996, donde se discutió en torno de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la “resolución que desecha o declara infundada una excepción de falta de personalidad” y donde es interrumpida la jurisprudencia P./J. 1691; lo anterior, como uno de los antecedentes centrales en el constitucionalismo mexicano. A su consideración, el amparo adhesivo era una modificación necesaria a la Ley de Amparo para resolver los problemas derivados o relativos al concepto de irreparabilidad de los actos en juicio y que constituyó la referencia fundamental para la integración de la jurisprudencia que señala que todas las violaciones procedimentales que no afectaran derechos sustantivos se tendrían que reservar para ser reclamadas en el amparo directo.2

De manera sucinta, el amparo adhesivo ha buscado, desde sus albores, la eliminación de lo que coloquialmente se conocía como amparo ping pong o amparo para efectos, que consistía en el vaivén interminable que se daba en la práctica respecto de violaciones procesales que se iban reclamando o cumplimentando en diferentes temporalidades, entorpeciendo y ralentizando la impartición de justicia, en obvia conculcación de principios medulares del Derecho, como el contenido en el propio artículo 17 constitucional sobre justicia pronta y expedita, o como en el caso del recurso efectivo que se establece en el numeral 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y “rápido”.3

Este primer instrumento ha generado una discusión prolífica y nutrida en el seno de diversos simposios, conversatorios y demás ejercicios de investigación y difusión, donde ha resaltado, verbigracia, la consideración de que el amparo adhesivo pueda ser promovido no sólo por la contraparte del quejoso sino por codemandados o terceros interesados, quienes en un determinado momento pudiesen invocar un interés legítimo (además del jurídico), a pesar de que el texto expreso de la porción normativa citada aluda exegética y únicamente al interés jurídico.

Respecto de contar con un “termómetro” o una “radiografía” del comportamiento material (en la praxis) de dicho instrumento, habría que revisar, primero, el material relativo a las tesis/criterios más recientes, como en el caso de los registros 2013003, 2013004 y 2013746, todos de la décima época jurisprudencial4 e integrados por el método de reiteración de tesis.

Desde hace años en que se esbozaban los primeros análisis sobre la conveniencia de la inclusión de la figura del amparo adhesivo a nuestro ordenamiento jurídico se manifestaron, preponderantemente, comentarios positivos en cuanto a su consideración, pues se declaró que dicha institución permitiría una mejor impartición de justicia al otorgar más amplias facultades a la autoridad resolutora del amparo directo para el conocimiento y la solución de más violaciones constitucionales, así como el fortalecimiento del concepto de “cosa juzgada”.5

 

Amparo contra particulares

En cuanto al amparo contra particulares es notable, en primera instancia, que la producción jurisprudencial no ha acogido de manera directa (en cuanto a terminología) la referencia literal de amparo contra particulares, por lo que dicha expresión exacta no aparece en los buscadores de jurisprudencia. Sin embargo, el texto vigente de la Ley de Amparo lo delimita de manera textual y clara en la siguiente porción normativa: “Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general…”

La primera interrogante que surgió de dicha lectura fue: ¿quiénes entonces (en ejemplos concretos) pueden ser equiparados a autoridades responsables tradicionalmente concebidas?

Algunos casos de trascendencia nacional se han sustanciado en este sentido, como cuando un particular, Carmen Aristegui, demandó a MVS Noticias, lo que resultó en consideraciones innovadoras por parte del juez de distrito, ya que para la admisión se tomó en cuenta, entre otras cosas, el hecho de que el contrato entre las partes contaba con una relevancia de plano público con base en una consideración sociocultural, superando así el plano privado, o que la naturaleza del asunto debía atenderse desde la óptica del Derecho administrativo por tratarse de un tema de régimen de concesiones que afectaba directamente la relación laboral del particular equiparado a autoridad responsable con el particular quejoso. Por otro lado, se suscitaron diversos asuntos en que el particular que se equiparaba a autoridad responsable eran la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF),6 en los que uno de los actos reclamados fue la inconstitucionalidad del estatuto de la FIFA, que prohíbe a sus afiliados acudir a la justicia ordinaria e impone resoluciones por medio de arbitrajes privados.7

En esta tesitura, resulta crucial entender las implicaciones del amparo contra particulares, puesto que permite acoger asuntos en los que dichos particulares real y funcionalmente se comparan a autoridades o a quienes se les delegan funciones que son del propio Estado, por lo que la afectación que pueden ocasionar en muchos casos incide directamente sobre el respeto de los derechos humanos. Con dicho instrumento se evita el empoderamiento de esos particulares que se tornan en poderes fácticos.8 Por otro lado, resalta lo impreciso del fragmento de la ley que menciona el amparo contra particulares, puesto que no define qué actos serán los que se tomen en consideración, por lo cual sería conveniente agregar a dicho artículo un catálogo de actos de autoridad o precisiones genéricas sobre las normas generales a las que se aluden.

 

Interés legítimo

Otra institución/figura de la reforma fue el interés legítimo, que se sumó a los ya existentes conceptos de interés simple e interés jurídico; entendido el primero como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica de ninguna manera (ni directa ni indirectamente); y el segundo, como la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, que se puede afectar o violentar directamente, o bien por su desconocimiento, en virtud de un acto de autoridad.9

De lo anterior se sostenía la concepción de que sólo el titular del derecho podía acudir al amparo de la justicia federal, no así con el interés legítimo que prevé la posibilidad de proteger un interés personal individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en un sentido amplio.10

Se ha sostenido que dicha figura concedió una arista procesal “comunitarista” al juicio de amparo. Aquí destaca el exhaustivo análisis de Ramsés Montoya al respecto, ya que profundiza en cuestiones históricas y sociales y destaca la tendencia del liberalismo igualitario para establecer y definir las bases sistemáticas y funcionales para la incursión de dicha institución a la Ley de Amparo vigente.11

En concreto, el interés legítimo se actualiza entonces cuando, por ejemplo (hipotéticamente, aunque se ha dado de manera sobrada en casos reales), alguien alude a que se afecta su derecho a la cultura (o de la comunidad que pudiese colectivamente reclamar en el mismo sentido) debido a que cerca de su residencia (o de sus residencias) se encuentra un museo de prestigio y de antigüedad considerable que aporta un nivel destacado de cultura a esa localidad, aunado a que esa misma situación permite que la plusvalía de las residencias aumente, lo que supondría indirectamente (o en sentido amplio) —en el caso de que ese museo fuera cerrado o utilizado para otro propósito, por ejemplo— una afectación a una esfera jurídica individual o de una colectividad por limitarse o afectarse el derecho a la cultura (su acceso a ella) y recibir un impacto negativo sobre su patrimonio (en este caso sobre la plusvalía de su inmueble).

La siguiente jurisprudencia, integrada por contradicción de tesis (reciente, por cierto), nos indica una parte específica y considerativa para la actualización del interés legítimo, lo que en esencia constituye la parte medular para la invocación y la aplicabilidad de multicitado concepto:

“interés legítimo. los usuarios del transporte público colectivo urbano de querétaro, al promover el juicio de amparo, tienen la carga procesal de acreditar tal carácter.

”La prestación del servicio público colectivo de transporte incluye, por regla general, a dos sujetos, el prestador y el usuario del servicio, de donde el arreglo normativo que regula el servicio aludido incide esencialmente en esos dos tipos de sujetos; por lo tanto, si una persona promueve juicio de amparo indirecto, defendiendo un interés legítimo, y ostenta tener la calidad del segundo tipo de sujeto, tiene la carga procesal de demostrar tal carácter para acreditar el interés legítimo, porque a dicho interés subyacen los principios de ‘instancia de parte agraviada’ y de división de poderes, cuyo contenido exige que el conocimiento de la acción de control constitucional por parte de los jueces de distrito, vía el juicio de amparo, deba ser con motivo de la afectación de la persona que se sienta agraviada por el acto reclamado, aunque esa afectación sea ocasionada de modo indirecto o irradiado, lo cual exige que el justiciable deba acreditar la posición cualificada y relevante que le exija la vinculación con el acto que impugne, sin que para ello se requiera comprobar propiamente la prestación del servicio de transporte público y, por ende, de un acto concreto de aplicación.”

Todavía en análisis ponderativos vigentes se hace alusión de manera inequívoca a que dicho interés debe acreditar una afectación “indirecta” o “irradiada”, en el entendido de que, aunado a lo anterior, debe acreditarse la posición cualificada. No se pone a discusión la procedencia del supuesto normativo y su consecuencia sino el hecho de acreditar la realidad que haga exigible ese derecho subjetivo que es vulnerado y que para el caso concreto pudo, asimismo, haber sido reclamado por la colectividad de usuarios de transporte público de dicho caso.

 

Jurisprudencia por sustitución

De igual manera que las demás instituciones que se agregaron a la Ley de Amparo, la jurisprudencia por sustitución consiste en un nuevo método de integración jurisprudencial que se encuentra consagrado y establecido en el artículo 215 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: “La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución”. Asimismo el capítulo IV conformado por el artículo 230 delimita los casos en que resulta procedente la jurisprudencia por sustitución, estableciendo en las fracciones de dicho artículo un orden escalonado, por así decirlo, de fracciones muy similares que refieren que los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben:

1) Expresar las razones por las cuales estiman procedente la sustitución con motivo de un caso concreto.

2) Solicitar la aplicación de jurisprudencia por sustitución a los tribunales de jerarquía superior (según sea el caso), los cuales deben aprobar lo anterior por mayoría de sus integrantes (estableciéndose de manera precisa en qué consiste dicha mayoría).12

Un ejemplo de este tipo de jurisprudencia es el siguiente:

“incompetencia por razón de la materia en el juicio de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo del estado de méxico. consecuencias jurídicas de la declaración relativa [sustitución de la jurisprudencia pc.ii.a. j/1 a (10a.)].

Una nueva reflexión, guiada por la jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.), de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a este pleno en materia administrativa del segundo circuito a sustituir el contenido en la jurisprudencia PC.II.A. J/1 A (10a.), de título y subtítulo:sobreseimiento en el juicio de nulidad por la incompetencia material del tribunal de lo contencioso administrativo del estado de méxico para conocer del acto impugnado. procede que ordene la remisión de los autos a la autoridad que estime competente, a fin de sostener que cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México advierta que carece de competencia por razón de la materia para conocer de una demanda de nulidad, debe declarar la improcedencia del juicio y decretar el sobreseimiento en términos de los artículos 267, fracción I, y 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, sin que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numerales 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues su ejercicio se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuesto y cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia, como es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado, de presentar el recurso efectivo ante el tribunal competente. En las relatadas condiciones, se concluye que ante la declaratoria de incompetencia por razón de la materia, el referido tribunal no está obligado a remitir el asunto a la autoridad que considere competente” [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, plenos de circuito, tesis PC.II.A. J/8 A (10a.), libro 34, septiembre de 2016, tomo III, jurisprudencia (administrativa), p. 2282].

En cuanto a las observaciones que se han realizado a esta relativamente nueva figura de la Ley de Amparo, sobresale, en primer lugar, acotar o puntualizar el alcance de la expresión “para lo cual expresarán las razones por las cuales estima debe hacerse”; lo anterior porque a pesar de que no ha supuesto un sendero escabroso o insalvable para la sistematización de los asuntos en general, a juicio de críticos en materia de Derecho en general (y del suscrito) supone “dejar abierto” o dar un sentido amplio en demasía a las razones subyacentes que motiven una modificación directa de una jurisprudencia, sin que existan criterios definidos para constreñir la aplicación de la misma.

Por otro lado, cabe señalar que en el campo de la investigación se advierte que es básicamente un tema inexplorado, ya que reluce la escasez de trabajos de doctrina respecto de método de integración en específico.

Más que enjuiciar o fincar críticas férreas en relación con el decurso pragmático de los nuevos instrumentos de la reforma, el presente artículo busca generar reflexión y retroalimentación. Cercanos al lustro de existencia de estas (todavía) nuevas instituciones agregadas a la Ley de Amparo, debemos recolectar información y reflexionar en torno de su eficacia material, de sus posibles ajustes legislativos y, en general, de las implicaciones que tienen para lograr un ejercicio positivo de las mismas, en defensa del control y la integralidad de nuestro Estado Constitucional y de Derecho.

 

 


 

* Director jurídico del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Sonora (ITAMA).

1 Javier Quijano Baz, “Consideraciones en torno al amparo adhesivo”, Instituto de la Judicatura Federal, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/8/8_11.pdf.

2 Idem.

3 Agregando, además, que el recurso efectivo en cuanto a su consideración y observancia trasciende al propio texto de la Convención Americana y hace referencia a su ejercicio desde el ámbito constitucional; lo anterior soportado en la propia aplicación del control de convencionalidad.

4 Toda vez que es un tema exclusivo de la décima época por su relativa novedad e inclusión al sistema de justicia.

5 Enrique Arizpe Narro, “El amparo adhesivo”, Instituto de la Judicatura Federal, en http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/8/8_3.pdf.

6 Rodolfo Campos Montejo, “Amparo contra particulares cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad”, en El nuevo juicio de amparo. Consultado en https://elnuevojuiciodeamparo.com/2015/07/13/amparo-contra-particulares-cuando-realicen-actos-equivalentes-a-los-de-una-autoridad/.

7 Idem.

8 Benjamín Rubio Chávez, “Amparo contra actos de particulares”, Revista Jurista: Derecho y Justicia, agosto de 2015.

9 Tesis aislada común, registro 181719

10 Jurisprudencia común, registro 2012364.

11 Ramsés Samael Montoya Camarena, “Interés legítimo en amparo. Un instrumento procesal ‘comunitarista’”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional.

12 En el caso de los plenos de circuito dos terceras partes de los magistrados que los componen; en el caso de las salas de la SCJN, por cuatro votos de los ministros que las componen, y en el caso del pleno de la SCJN por voto de ocho ministros.

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